Domingo Emanuelli, secretario de la institución, explicó que estas compañías aseguran que cuentan con los controles adecuados y suficientes para regular sus plataformas y el contenido de sus publicaciones.
Sin embargo, una investigación rigurosa y extensa dirigida por la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del DJ confirmó que esto es falso y que, peor aún, diseñan sus plataformas con total conocimiento de que dirigen a los adolescentes a experimentar altos niveles de ansiedad y depresión.
“La demanda presentada constituye un hito en la ejecución de la política del Gobierno de Puerto Rico dirigida a garantizar que las empresas de redes sociales cumplan con todos los parámetros legales aplicables“, sostuvo Emanuelli sobre el documento judicial presentado en el Tribunal Superior de San Juan.
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Entre esos parámetros, Emanuelli mencionó que no utilicen tecnologías adictivas, no violenten el derecho a la intimidad ni expongan a nuestros menores a contenido de naturaleza sexual o delictivo por falta de controles adecuados en la moderación del contenido que diseminan.
Según la demanda de Interdicto y Daños y Perjuicios, estas compañías explotan las vulnerabilidades neurológicas de los menores, a quienes dirigen hacia el uso compulsivo y excesivo de sus plataformas, a sabiendas de que con esto contribuyen a una epidemia de salud mental.
Informes presentados ante los Centros para el Control de Enfermedades vinculan el uso excesivo de las redes sociales con efectos negativos como depresión, ansiedad e insomnio, así como con la interferencia con su educación y vida cotidiana.
En 2021, más de 36 % de los estudiantes de escuela superior en Puerto Rico reportaron episodios de angustias mentales.
Conforme a la información obtenida a lo largo de la investigación, en la isla, sobre el 75.9 % de los usuarios de Instagram son menores de edad.
La demanda destaca además que dichas empresas están conscientes de que adultos depredadores contactan a menores a través de sus plataformas y han fallado en advertir a los padres y contrarrestar este problema efectivamente.
En el caso de Puerto Rico la situación es peor, pues la regulación del contenido en lenguaje español por parte de la compañía es ínfima en comparación con la regulación del contenido en inglés.
Esto expone a los niños y jóvenes en Puerto Rico a mayor riesgo de tener acceso a contenido que atenta contra su bienestar y salud mental.
Ante ello, la Justicia puertorriqueña exigió, entre otras cosas, un cambio en las prácticas de negocios de las compañías y la restitución de los daños ocasionados por ambas empresas.
