En esta semanas el Comité presentó una declaración para que se evalúe cómo afectará la pandemia a la niñez. Leonel Dubon, de Refugio de la Niñez, comenta que este cambio es fuerte a los menores, ya que están enfrentando dejar su dinámica de vida que representaba estar horas fuera de casa en sus instituciones educativas, dejar a sus amigos, distanciamiento incluso familiar como medidas de prevención.
Dubon también comenta la necesidad que los adultos expliquen con claridad qué está sucediendo para que ellos estén claros sobre la situación, en especial porque antes de los 12 años es un poco difícil comprender del todo lo que está sucediendo. El experto comenta además que al estar en casa y estar más tiempo en redes sociales e Internet los menores son más vulnerables para recibir acoso por estos medios, así como sexting -envío de imágenes o textos de contenido sexual-, entre otras situaciones.
Según las últimas estadísticas, en Guatemala de enero a marzo de 2020, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inacif, reporta 1,455 evaluaciones médicas por delitos sexuales en niñas y adolescentes, así como casi 300 víctimas de maltrato físico y 132 muertes de forma violenta.
Frente a esta situación mundial el Comité se encuentra preocupado por los niños vulnerables en los países en los que se han establecido medidas de confinamiento obligatorio o estados de emergencia.
En especial existen algunos puntos que se destacan como reconocer que la emergencia limita ciertos derechos en bienestar de la salud pública, pero recomienda que estas deben ser proporcionales, mínimas y limitadas en el tiempo.
Además se sugiere se tomen soluciones creativas y alternativas par garantizar el derecho al descanso, al ocio, al juego y las actividades culturales y artísticas. Así como tener formatos especiales dedicados a los menores y sus idiomas para informar de la enfermedad.
En este último aspecto recomienda tener una oferta artística y cultural a través de los distintos medios de comunicación como televisión, radio y en línea.
Se hace énfasis en que la educación online no aumente las desigualdades existentes o reemplace la interacción alumno-maestro.
Luis De León Laparra, Defensor de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, comenta que a nivel privado la educación ha tenido ciertas oportunidades de continuar con plataformas que aseguren el aprendizaje, pero se ha evidenciado que a nivel público el sistema de educación no estaba listo y no existe algo diferente al presencial y es necesario que cuando sea seguro, los niños repongan con calidad el tiempo que se ha limitado.
“El aprendizaje plantea desafíos para los niños que tienen limitaciones o no acceso a tecnología o Internet o no cuentan con el apoyo parental adecuado. Deben estar disponibles soluciones alternativas para que esos niños se beneficien de la orientación y apoyo brindado por los docentes”, aclara el documento.
De igual manera se debe asegurar la alimentación sana de los niños durante la emergencia, ya que muchos niños reciben su única comida nutritiva a través del apoyo en la escuela.
Aclara que a los menores no se les debe negar el acceso a la atención médica, a las pruebas y a una posible vacuna futura. Así como servicios y tratamientos para condiciones preexistentes. De León agrega que las consultar externas no deberían de limitarse para los menores y asegurar áreas para que no se contagien.
El confinamiento expone además a los niños al aumento de violencia física y psicológica, así como a mantenerse en hogares que son hacinados y precarios.
Según Unicef en África Occidental, durante el ébola, de 2014 a 2016 contribuyó al repunte del trabajo infantil, el abandono, el abuso sexual y los embarazos de adolescentes.
Además, la forma de violencia más común a la que se enfrentan los niños tiene lugar en el hogar. En una mayoría de países, más de dos de cada tres niños son víctimas de castigos violentos por parte de sus cuidadores.
Niños con discapacidades y problemas de comportamiento, así como sus familias podrían enfrentar más dificultades al momento de estar encerrados.
También es necesario proteger a los niños que viven en la pobreza, niños en situaciones de la calle; niños migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos; minorías, niños con afecciones de salud; niños privados de libertad o confinados en instalaciones de detención policial, cárceles, centros de detención de migrantes o campamentos; y niños que viven en instituciones. Los Estados deben respetar el derecho de todos los niños a la no discriminación en sus medidas para abordar la pandemia y tomar medidas específicas para proteger niños en situaciones vulnerables.
Se habla además de liberar a los niños de todas formas de detención y al no ser posible asegurarse que se les permita mantener contacto con su familia por medio de comunicación electrónica o por teléfono. Los niños en situaciones migratorias no deben ser detenidos ni separados de sus padres si están acompañados.
De León comenta que en marzo pasado se reportaron 4 menores que la Secretaría de Bienestar Social dio seguimiento porque estaban fuera de sus hogares durante el toque de queda.
También se ha tenido reporte que los jóvenes privados de libertad tienen contacto con sus familias a través de llamadas telefónicas.
De igual manera se comenta la prevención de arrestos a menores por violar directivas relacionadas con Covid 19 y asegurarse que cualquier niño sea devuelto inmediatamente a su familia.
Se debe dar oportunidades para que las opiniones de los niños sean escuchadas y tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisiones sobre la pandemia. “Los niños deberían comprender lo que sucede y sentir que participan en las decisiones que se están haciendo en respuesta a la pandemia”, dice el documento.
De León concluye comentando que el Estado debe seguir estos puntos recomendados y esta pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de una legislación de un mecanismo de atención para la niñez, una línea o plataforma que escuche las necesidades de los niños, desde aquellas con fines escolares, para conversar, como para que ellos tengan como expresar problemas de maltrato en el que se comience un proceso de protección.
Para denunciar cualquier acto de violencia y maltrato llamando es posible llamar a la Procuraduría de los Derechos Humanos, 1555 PDH, al Ministerio Público 1572, o bien a la Policía Nacional Civil, al 110.
