Los niños y las niñas, en particular aquellos más pequeños, siguen requiriendo cuidados y educación, pero las familias han de repensar cómo van a compaginar su vida laboral y personal en esta nueva normalidad, teniendo en cuenta que en la ecuación probablemente no estarán presentes, al menos a corto plazo, las opciones –por ejemplo, de aforo– que se ofertaban antes de la pandemia.
¿Y si no pudieran abrir en septiembre?
Esta situación está siendo analizada actualmente desde diferentes frentes, pero es especialmente relevante plantearse qué ocurrirá si las escuelas infantiles no pueden abrir sus puertas cuando comience el nuevo curso, o no lo hacen en las mismas condiciones.
En España, un 40 % de los niños y niñas que se encuentran en la etapa de 0-3 años acuden a escuelas infantiles.
No se trata de una cuestión menor; hablamos de casi 500 000 plazas educativas, de las que aproximadamente la mitad son privadas, empresas pequeñas que, como tantos otros sectores, se están viendo sometidas a serias dificultades económicas que amenazan su supervivencia.
Miles de plazas en riesgo
Después de tres meses del estallido oficial de la pandemia, en España se han aprobado numerosas medidas concretas para apoyar a distintos sectores productivos, pero todavía no sabemos exactamente en qué condiciones podrán abrir las escuelas infantiles –una indefinición que también afecta al conjunto del sistema educativo–, un escenario incierto que pone en situación de riesgo miles de plazas, que podrían no existir cuando empiece el próximo curso.
El grave impacto que podría tener en la vida de las familias usuarias de estos servicios su posible cierre nos situaría potencialmente en una etapa que resulta un tanto anacrónica, en la que una vez más sean las mujeres quienes asuman reducciones de jornada o salidas del mercado laboral para asegurar la atención de sus hijos e hijas ante la falta de alternativas para su cuidado formal.
Plazas públicas necesarias
Asimismo, la igualdad social puede ser otra de las perjudicadas por esta crisis del coronavirus. Las plazas de escuelas infantiles públicas han aumentado significativamente en los últimos años en España y, al igual que ocurre en otros países europeos, deberían garantizar un hueco a todas aquellas familias que deseen matricular allí a sus hijos e hijas.
Sin embargo, la oferta actual de los centros educativos públicos es insuficiente para alcanzar este objetivo y por ello muchas familias utilizan escuelas infantiles privadas.
Es obvio que las escuelas infantiles son uno de los mejores recursos actualmente existentes para facilitar la conciliación personal y familiar y también una herramienta muy valiosa para contribuir a reducir la desigualdad social, al permitir la entrada en el sistema educativo al conjunto de la ciudadanía.
No retroceder a viejos escenarios
Desde esta perspectiva, debemos exigir avanzar hacia la universalidad de plazas en escuelas infantiles públicas para el conjunto de los niños y niñas pero, en todo caso, lo que se debe evitar es retroceder a escenarios en los que se reduzca el número de plazas disponibles. Sin duda, la “vieja” normalidad no era el contexto ideal de cuidado, pero la nueva normalidad no debe suponer, en ningún caso, una involución.
Es importante que lo que ocurre de puertas para adentro en las casas sea visible y discutido colectivamente; si las familias han de gestionar una situación sobrevenida a base de esfuerzos y sacrificios individuales, sin implicación y ayudas públicas, probablemente habremos perdido una oportunidad como sociedad de significar la importancia de la igualdad de género y la conciliación corresponsable de familias, administraciones y sector privado.
Políticas familiares pendientes
En este sentido, las políticas familiares son la gran asignatura pendiente de nuestro estado de bienestar, puesto que se ha asumido que serán las familias quienes “salgan al rescate” y garanticen el cuidado de los niños y niñas si no hay otros recursos públicos.
La falta de medidas oficiales y la incertidumbre generada sobre las escuelas infantiles son un indicio de las prioridades de las políticas públicas.
¿Asumirían las mujeres el coste?
Dichas políticas familiares se vieron seriamente afectadas en la crisis económica que comenzó hace una década, cuando se produjeron importantes recortes. No podemos permitir que en esta nueva emergencia sean de nuevo las familias, y en especial las mujeres, las que vuelvan a asumir el coste de unas políticas familiares que se posponen permanentemente.
El cuidado es una cuestión social, y la definición de las condiciones en las que trabajarán quienes se dedican a ello, una emergencia que requiere de una solución inmediata.
Begoña Elizalde-San Miguel, Profesora Sociología y Trabajo Social, Universidad Pública de Navarra y Vicente Díaz Gandasegui, Profesor Visitante Lector en el departamento de Análisis Social, Universidad Carlos III
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
