“Solo quiero que se sepa la verdad”, dijo Sánchez Martin a los periodistas al salir de la vista celebrada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para determinar si el joven tenía la capacidad para representarse por derecho propio.
La vista duró pocos minutos y se tornó “académica”, como indicó el propio juez Arnaldo Castro Callejo, al llegar Sanchéz Martin al tribunal acompañado del abogado, Michael Corona, quien asumió su defensa.
El joven afronta una millonaria demanda civil presentada por su tío por extorsión, persecución maliciosa, abuso de derecho, así como daños y perjuicios.
Sánchez Martin pidió representarse a sí mismo en este caso después de que sus anteriores letrados, Jaime Alcover Delgado y Fredeswin Pérez Caraballo, renunciaran el pasado 1 de febrero alegando “diferencias irreconciliables”.
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Por su parte, los abogados de Ricky Martin habían presentado, a nombre de su representado, una moción de oposición, justificando que “el demandado no tiene los conocimientos necesarios, procesales o sustantivos” para hacerlo.
Dora Monserrate, una de las abogadas del cantante, se mostró satisfecha con que el joven tenga representación legal y negó que se le haya realizado ninguna oferta.
Las controversias judiciales entre el cantante y su sobrino comenzaron en julio de 2022, cuando le fue concedida a Sánchez Martin una orden de protección por violencia doméstica exparte contra su tío, que fue archivada sin embargo ese mismo mes por pedido del joven.
Posteriormente, la justicia concedió a Enrique Martin Morales, nombre de pila del cantante, una orden de protección por acecho contra su sobrino, que fue extendida por un año en noviembre pasado.
La medida ordena a Sánchez “abstenerse de acosar, perseguir, intimidar, amenazar o de cualquier otra forma interferir con la parte peticionaria o con miembros de su familia”, así como a no acercarse a su hogar o al de sus familiares y a no contactarlo por vía telefónica, correo electrónico o redes sociales.
Por su parte, Sánchez se querelló por agresión sexual contra su tío a principios de septiembre, pero una juez denegó en octubre la orden de protección solicitada.