La investigación se inició en el 2011 a raíz de una denuncia presentada por el Partido Comunista de Chile, quien tomó en cuenta unas afirmaciones de Manuel Araya, antiguo chófer de Neruda, a la revista mexicana Proceso.
Araya dijo que el poeta, fallecido en Santiago el 23 de septiembre de 1973, días después del golpe militar que encabezó Augusto Pinochet, había sido envenenado por agentes de la dictadura mediante una inyección que le fue suministrada en la clínica en la que estaba ingresado.
Según la versión oficial, la muerte se produjo a causa de un cáncer de próstata que el autor de Canto General y Veinte poemas de amor y una Canción desesperada, entre muchas otras obras, padecía desde años antes.
En noviembre del 2013 el grupo de expertos chilenos y extranjeros que realizaron las pericias científicas a los restos concluyó que Neruda no había muerto envenenado, pero aun así Carroza no dio por cerrada la investigación.
Desde que los expertos expusieron su conclusión de que la muerte de Neruda no fue violenta, los querellantes del caso han solicitado otras diligencias.
El magistrado dispuso “dejar muestras óseas en reserva” conforme a los parámetros y consejos del grupo de estudio genómico.
La Fundación argumentó habiendo pasado más de dos año desde la exhumación de los restos de Neruda que estos permanecen insepultos a la espera de una decisión de la Corte de Apelaciones.
“Sin ánimo de interferir en la labor de la justicia, con la que siempre hemos colaborado, consideramos que ha pasado un tiempo más que prudencial para que el poeta vuelva a descansar en paz en su residencia en la tierra de Isla Negra”, indicó la entidad.
