La sección 6ª de la Audiencia de Barcelona espera a partir de las 10 horas locales a Shakira Isabel Mebarak Ripoll, como acusada de seis supuestos delitos contra la Hacienda Pública, por los que la Fiscalía pide para ella una pena de más de ocho años de prisión y una multa de 23.8 millones de euros (US$25.85 millones).
La declaración de la cantante, de 46 años, que defiende su total inocencia y rechazó anteriormente un acuerdo con las acusaciones, está prevista para esa misma jornada.
Hasta ahora, las visiones de ambas partes son opuestas. Por un lado, la Fiscalía considera que la intérprete de Waka Waka no pagó en su momento los impuestos correspondientes a la renta y al patrimonio en 2012, 2013 y 2014, pese a que residió en España más de los 183 días que estipula la ley.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público, que en julio le interpuso una nueva querella por otras presuntas irregularidades fiscales, afirma que “con el deseo de no tributar”, Shakira “utilizó un entramado societario” ya creado, que incluía compañías con sedes en paraísos fiscales.
Los abogados de la artista defienden, de su lado, que ella no incurrió en ningún ilícito ya que, a pesar de haber iniciado en 2011 una relación con el por entonces jugador del FC Barcelona Gerard Piqué, Shakira llevaba una vida nómada por su carrera internacional, y su residencia fiscal estaba en Bahamas.
Según su defensa, la cantante solo decidió establecerse en Barcelona poco antes del nacimiento de su segundo hijo en enero de 2015.
“La Sra. Mebarak ha cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones fiscales en los múltiples territorios con los que ha tenido vinculación profesional”, argumentaron en el escrito de defensa, recordando que Shakira, que ahora reside en Miami, ya pagó 17.2 millones a la Agencia Tributaria por esta causa, “aun sin estar conforme”, y que no tiene deudas pendientes.
El juicio tiene previstas 12 sesiones hasta el 14 diciembre, con casi 120 testigos citados. Pero la cantante, cuya declaración en 2019 ya generó un gran revuelo, podría ser dispensada de acudir presencialmente a todas, si así lo solicita y el tribunal se lo concede.
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Para demostrar su supuesto arraigo en Barcelona, el fisco español realizó una minuciosa investigación en la que se entrevistó con vecinos, rastreó sus imágenes en redes sociales, chequeó los gastos de sus familiares en Barcelona, sus pagos en peluquerías, o incluso en la clínica donde controló su embarazo, para demostrar que en aquellos años ya residía en la ciudad.