Dos inconstitucionalidades recientemente planteadas ante la Corte de Constitucionalidad buscan eliminar los artículos 123, 125, 127, 128 y 128 bis de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en Guatemala.
Los artículos
Permiten que los artistas y demás creadores organizados colectivamente, puedan, como cualquier persona, decidir cuánto cobrar por su trabajo, que constituye propiedad privada de su creador.
Les da a los creadores en los ámbitos artísticos, científicos y literarios, la posibilidad de denunciar ante el Ministerio Público cuando están siendo víctimas de una apropiación indebida de su propiedad intelectual, es decir, de un delito en contra de sus derechos de autor o conexos. No solamente en el ámbito musical, sino otros tales como fotografía, cine, actividades literarias, programadores de software, pinturas, esculturas entre miles de creadores más.
Da observancia a los tratados internacionales, obligando a las autoridades a dar cumplimiento a la ley en materia de derechos de autor y conexos.
Solicitudes
La primera de estas solicitudes fue planteada por la Cámara de Radiodifusión de Guatemala en mayo, para los artistas y organizaciones fue de manera sorpresiva porque a su parecer carece de fundamentos suficientes, la Corte de Constitucionalidad, suspendió provisionalmente los artículos solicitados.
La segunda acción fue presentada en junio por un abogado a título particular. Actualmente, se desconocen las motivaciones o el sector al que representa esta segunda acción y, la cual se encuentra a punto de dictarse sentencia.
Sin que los escuchen
En ambas inconstitucionalidades, pese a afectar directamente a sectores culturales, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no han permitido que ninguno de los afectados actúe como terceros interesados en los procesos.
“No es posible que no se nos acepte participar como terceros interesados, son nuestros procesos los que se están violentando y no nos han dejado estar pendientes y velar por nuestros derechos”, comentó Karen Culajay, directora general de Musicartes.
Las instituciones que representan a los artistas han comentado que no hay posibilidad de defender los derechos, posiblemente a vulnerar y exponer las graves consecuencias económicas, culturales y legales que ocurrirían si se llegaran a declarar con lugar estas peticiones.
Además, Guatemala entraría a un peligroso ámbito por violentar y disminuir las garantías consagradas desde los tratados y convenios internacionales en materia de propiedad intelectual, incluyendo el Tratado de Libre Comercio (TLC), tratados de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), entre otros.
Demandas
Musicartes y Aginpro, hacen un llamado de exhortación y urgencia a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, para que escuchen la voz de los afectados, permitiéndoles presentar sus argumentos dentro de los expedientes respectivos, que dignifiquen la labor del artista y protejan los derechos constitucionales que les asisten, la propiedad privada de las actividades e industrias creativas, y que declaren sin lugar las dos inconstitucionalidades planteadas.
