Partidos políticos guatemaltecos: Financiamiento e institucionalidad es el título de la investigación que se basó en un análisis del régimen del financiamiento partidario, una revisión de la legislación en la materia y 16 entrevistas con dirigentes políticos que, a su vez, han competido en elecciones a escala municipal, distrital o nacional.
También se incluyó la visión de otros sectores y académicos que han discutido sobre el problema.
PREOCUPACIONES
Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, todos los aportes deben ser canalizados a través de las organizaciones políticas, lo que tácitamente prohíbe las contribuciones individuales, dice el estudio.
Además, el excesivo respaldo de un solo financista privado —o concentrado en pocos— puede causar que los partidos políticos pierdan de vista el interés público y disminuyan su independencia, debido a que responden a intereses de privados o puede llegarse a convertir en un intercambio de favores.
El informe define que los partidos intensifican sus actividades durante el tiempo de la campaña electoral, pero también tienen “costos significativos” en períodos no electorales, tiempo que dedican a la preservación de la organización, es decir, actividades de proselitismo e intercambio con las bases.
Eso también implica asambleas y actividades de formación política y afiliación. Además, se define el financiamiento interno, proporcionado por miembros del partido, y el externo, que viene de actores individuales afuera de la agrupación o empresas.
NARCOS Y EMPRESAS
Si bien la investigación de Asíes expuso cómo el modelo de financiamiento de los partidos afecta su institucionalidad y no se concentró tanto en identificar el origen de los fondos, Hugo Novales, investigador principal del estudio, señaló algunas “cuestiones interesantes”.
“Efectivamente, en municipios fronterizos existe un interés por parte de grupos del crimen organizado de participar políticamente, de contribuir al financiamiento para que otros participen políticamente, porque esto les otorga algún grado de control territorial”, explicó el politólogo.
Agregó que esa situación se da principalmente a nivel de alcaldías porque es el edil el que se convierte en la representación del poder político del municipio y eso otorga mucha influencia, y los grupos del crimen organizados buscan influir a esas figuras.
“Lo que más se busca es acceso al funcionario una vez electo. Muchas veces no es con un compromiso directo, sino que con una posibilidad de acceso, o sea, saber que el alcalde, el diputado o el presidente está a una llamada de teléfono de distancia”, indicó Novales.
Pero no solo es el narcotráfico o de contrabando los grupos interesados en patrocinar candidatos, sino también otros intereses vinculados con las decisiones que pueden tomar los funcionarios municipales o del gobierno central.
Un ejemplo que mencionaron los entrevistados para el estudio es el de las empresas constructoras, que buscan ser beneficiadas con contratos de obra pública una vez el político beneficiario ya esté en el cargo.
Para Marco Antonio Barahona, consultor del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, la solución “más apropiada” estaría en que, en la medida de lo posible, el financiamiento de las actividades sea de carácter público, para que se pueda fiscalizar de mejor forma.
“Mientras no haya un régimen de financiamiento público, el riesgo de que los candidatos hipotequen su margen de acción estando ya en la dirección del Estado, el riesgo es muy grande. Las grandes corporaciones son las que tradicionalmente patrocinan y eso les permitía tener una cuenta abierta para poderse cobrar esos favores, y eso lo hemos visto aquí”, añadió Barahona.
