La reciente campaña electoral mostró la importancia que tiene el agua para los hogares, explican directivos de la Gremial de Empresas para el Manejo Integral del Agua (Gremia), al describir que son las viviendas de menores ingresos las más afectadas por la falta del suministro, que repercute en mayores gastos. Cada mes, las familias deben destinar un porcentaje de su presupuesto para pagar agua entubada y embotellada para cubrir la demanda del hogar en varias actividades, entre ellas las más básicas como la higiene y alimentación.
En el municipio de Guatemala, una vivienda destina, en promedio, Q272.30 al mes para pagar el servicio de agua que recibe al abrir el chorro, adquirir garrafones, agua por cisterna y tonel, según los resultados de la encuesta del Observatorio Económico Sostenible (OES) de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG). La Encuesta de viviendas sobre el uso y disponibilidad de agua, desde el punto de vista económico, de salud y de ambiente, que se realizó en el municipio de Guatemala, encontró que el 85% de los hogares paga su servicio a la Empresa Municipal de Agua (Empagua) y el resto a compañías privadas o comités de vecinos. Los cobros, según los encuestados, principalmente son medidos con un contador, en menor porcentaje indicaron que pagan una cuota fija y 0.3% señaló que no paga.
Los datos, según el OES, revelaron que en la zona 10 de la capital las familias tienen el gasto promedio más alto, con Q418.20 mensuales, mientras que es menor para las de la zona 13, de Q185.70. Los desembolsos corresponden, en primer lugar, al servicio del agua entubada, y luego para agua en garrafones, la cual se utiliza para beber y preparar alimentos. También se descubrió que en las viviendas de las zonas 3, 14 y 24 se tiene una porción más notoria en el gasto para adquirir agua por medio de cisternas.
Pero la situación parece extenderse en menor o mayor medida al resto del país, como la aldea Juan Ponce, Gualán, Zacapa. Según Rodolfo Hernán Hernández, exalcalde comunitario de este lugar, se cuenta con agua entubada que llega a los hogares por un pago anual de Q100 —cerca de Q8.50 al mes—. En la aldea no se usa contador en las viviendas, por lo que el usuario dispone del recurso de forma ilimitada, cumpla o no con el pago, comentó Hernández, al informar que lo recaudado mes a mes alcanza únicamente para pagar trabajos de fontanería comprar los materiales, gastos que desembolsa el Comité de Agua, que tiene a su cargo la distribución del líquido.
Hernández señaló que, igual que en la capital, varias familias de la aldea compran “agua de garrafón para tomar y cocinar”, pues la que reciben en el chorro proviene de un riachuelo, que luego pasa a un tanque desarenador y no es tratada antes de ser distribuida a la comunidad. Aunque la aldea Juan Ponce dista 150 kilómetros del centro capitalino, su realidad en el manejo, cobro y disponibilidad del agua entubada se acerca a los del área metropolitana de la capital, a pesar de que se trata de un servicio básico prioritario.
Valiosos recursos
En el 2021, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos presentaron el informe mundial sobre los recursos hídricos El valor del agua, para reconocer lo vital que representa una mejor gestión en esta materia. El documento resalta que existen diferentes enfoques y metodologías de valoración, al tiempo que hace el esfuerzo por dar a conocer una clasificación de cinco perspectivas para dar valor a los recursos hídricos, la infraestructura hídrica, los servicios hídricos —principalmente el agua potable, saneamiento y lo relacionado con la salud humana—, el aporte del agua a la producción y actividad socioeconómica y otros valores socioculturales del agua.
Al valorar los servicios de suministro de agua, saneamiento e higiene, el informe resalta su preminencia como derechos humanos, y agrega que “ampliar directamente el acceso a estos servicios no solo mejora las oportunidades educativas y la productividad de la mano de obra, sino que, además, contribuye a vivir con dignidad e igualdad”. Asimismo, evidencia el impacto que tuvo el acceso al agua en la prevención de la pandemia de covid-19.
Para los autores del estudio, en el caso del agua es importante diferenciar los términos de precio, costo y valor, ya que los dos primeros pueden ser cuantificables, pero el valor es más complicado y depende del uso y que es un recurso ambiental finito y hasta ahora irremplazable en el planeta. El organismo internacional señala que es extremadamente difícil determinar el auténtico valor del agua. Además, en algunas partes del mundo no se reconoce que tiene un valor y en otra se infravalora este recurso, lo que conlleva graves riesgos.
Sus tarifas y propiedad
En el país se contabilizan al menos 17 mil sistemas de abastecimiento de agua, cifra que incluye los públicos y privados, así como la distribución en pipas o cisternas. Según Oliverio Paau, jefe del Departamento de Regulación de los Programas de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Minsal), el 75% de esos sistemas son administrados por comités de agua, que deben vincularse con los servicios que prestan las alcaldías en un plan de agua municipal, que permita cerrar las brechas de acceso que existen.
El cobro por el servicio es un reto, puesto que, a decir del viceministro del Agua, Luis Castro, son las municipalidades las que establecen cuánto cobrar por el suministro. En la actualidad, en algunos casos se aplican cobros fijos, en otros se factura por el consumo y cada prestador determina la metodología y las tarifas. Según información del Ministerio de Salud, hay 12,613 sistemas de abastecimiento de agua registrados y en el Departamento de Control y Regulación de Alimentos se supervisan 1,266 empresas dedicadas a la elaboración de bebidas.
Castro recordó que la Constitución de la República establece que todas las aguas son propiedad del Estado, solo se puede regular el aprovechamiento, uso y goce, pero actualmente no se está regulando según el mandato constitucional, que también plantea que se promulgue una ley específica. Sin embargo, en Guatemala no se cuenta con una entidad reguladora “que determine las tarifas de agua potable, lo cual tiene una incidencia directa sobre la eficiencia y eficacia con la que se brinda el servicio a los abonados”, señala el estudio Cálculo de una tarifa ambiental para contribuir a la seguridad hídrica en la región metropolitana de Guatemala, publicado este año por The Nature Conservancy (TNC).
En Juan Ponce, es el comité el encargado de cobrar por el servicio, y, según Hernández, lo recaudado es insuficiente para clorar el agua y dar mantenimiento al tanque de almacenamiento. Además, muchos usuarios incumplen con el pago y ha habido oposición —principalmente de quienes no pagan— a los intentos de instalar contadores en las casas para contener el desperdicio del líquido y para que se pague por consumo, agregó, al reconocer que esta situación limita las mejoras en el servicio. Para el caso de Empagua, las tarifas domiciliarias por metro cúbico —mil litros de agua— se distribuyen en cinco rangos, desde 1 a 20 m³, con un monto de Q2.52 por m³, hasta 121 m³ en adelante, con una tarifa de Q12.57 por m³. Al consumo registrado se suma un cargo fijo, el impuesto al valor agregado (IVA) y el cobro por alcantarillado.
Según la publicación de TNC, en 2021 Empagua invirtió cerca de Q118.5 millones en la producción de agua superficial y subterránea, y de acuerdo con estudios de 2009, los ingresos vía tarifas fueron insuficientes para cubrir los costos de operación e inversión de la empresa, que tiene un costo de producción por m³ de entre US$0.25 y US$0.30. En el área metropolitana, el estudio descubrió que las municipalidades carecen de una metodología para fijar las tarifas y que influyen factores políticos más que técnicos para establecerlas, lo cual hace que los ingresos sean insuficientes para cubrir los costos de operación y mantenimiento, así como de inversión, que son cubiertos por la alcaldía, con recursos de otras fuentes de ingresos.
En Quetzaltenango, la empresa municipal mantiene las tarifas establecidas para usuarios residenciales, comerciales e industriales, con un cargo por 15 m³ de Q28; Q56 y Q250, respectivamente, y aplica un cobro por m³ en exceso. Mientras que la empresa municipal que opera en Flores y San Benito, Petén, fijó tarifas en el 2020 por Q60, Q80 y Q110, según el tipo de usuario. Ambas empresas aplican subsidios en consumos mínimos. Desde el 2015, la Municipalidad de Villa Nueva estableció un pliego tarifario con usuarios social, familiar y comercial, se acordó la instalación de contadores y aumentó la tarifa de Q25 a Q75 mensuales.
En Mixco, el agua llega a las viviendas de forma intermitente. Según información de esa alcaldía, el canon varía desde Q15 en la aldea Lo de Coy hasta Q60 en colonias como Villa Verde y Nueva Montserrat, cobro al que se le suman Q5 por drenaje. Tanto en Mixco como en otros municipios del departamento de Guatemala, los vecinos afrontan problemas por desabastecimiento de agua y deben comprara a camiones cisternas que son operados por distintas empresas, algunas de las cuales cuentan con pozo.
Establecer cuántos pozos funcionan a escala nacional y qué cantidad de agua proveen es un reto, pues las autorizaciones para perforar el suelo son otorgadas por diferentes instancias del Gobierno, y aunque en estos casos el Ministerio de Salud sea el vigilante de la calidad del líquido que distribuyen los sistemas, los registros aún no están consolidados. Paau resaltó la necesidad de mejorar la información de los pozos, así como hacer estudios nacionales de la cuenca hidrográfica —de agua superficial y subterránea— para establecer cuánta agua hay disponible y planificar el manejo integrado de las cuencas.
A las empresas que perforan pozos mecánicos en todo el país se suma el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que, según indicó, atiende las solicitudes de alcaldías y entidades gubernamentales que asumen el costo de la obra y al final se hacen cargo de la operación, mantenimiento y calidad del líquido.
La ruta privada
Existen varios prestadores privados del servicio de agua. El más antiguo data de 1930, cuando la Compañía del Agua del Mariscal inició la distribución a partir de una concesión del Estado para brindar el servicio en la ciudad. Otros actores son los responsables de las urbanizaciones, empresas y comercios, que principalmente manejan sistemas para autoabastecerse. Edward Farrington, presidente de Gremia, señaló que cada edificio o condominio nuevo que se autoriza es un pozo nuevo que se perfora a fin de que las instalaciones cuenten con agua, pero con la dificultad que cada vez los pozos deben cavarse a mayor profundidad.
Desde la gremial, en la que participan empresas que brindan servicios relacionados con el agua, se ha propuesto que los proyectos nuevos, igual que presentan estudios de impacto vial, también incluyan estudios de los impactos hídricos. Advierten de que el descenso de los mantos freáticos puede llevar a una crisis al país, pues no existen registros consolidados del volumen que se extrae de aguas subterráneas. De acuerdo con Eduardo Rodas, directivo de Gremia, el nivel de perforación de los pozos alcanza hasta los 1,800 o 2 mil pies, y a mayor profundidad el proceso para potabilizarla es más costoso y lo preocupante es porque se suma a la situación comprometida de calidad y volumen que tienen las aguas superficiales, al abandono de las plantas de tratamiento y el número de pozos en operación.
En el país, las personas están dispuestas a pagar para contar con el servicio de agua durante todo el día, y prueba de ello es lo ocurrido en la colonia El Búcaro, zona 12 de Villa Nueva. Los vecinos del lugar, luego de protestas por la falta del servicio, aceptaron que una empresa privada suministrará el agua e instalara contadores. Farrington dijo que el área se cataloga como una zona roja, pero la empresa no reporta incidentes, pues los vecinos valoran contar con un servicio tan vital que mejoró la calidad de vida de las familias y no quieren retroceder a lo experimentado en años anteriores, cuando afrontaban escasez y tenían que llenar toneles y pilas con agua comprada a cisternas.
El promedio del pago mensual en la colonia es de Q150, explicó el empresario, al comparar ese monto con los Q300 por cada cisterna que gastarían dos veces por semana para adquirir el agua en cisternas. Ese monto, aunque es compartido entre los vecinos, al mes para una familia puede superar lo que actualmente paga en su factura. Hay un abanico de opciones públicas —alcaldías— o privadas —desarrolladores inmobiliarios, organizaciones de vecinos en condominios o edificios, consejos comunitarios de Desarrollo, o concesiones a empresas— para la distribución de agua, porque las aguas son bienes del Estado, pero los servicios los pueden prestar compañías, dijo Farrington
Tarifas equilibradas
Decisiones políticas inciden en el cobro por el servicio de agua que fijan las alcaldías, mientras que, en el ámbito privado, el TNC describe que las empresas utilizan metodologías como la suma de los costos dividida entre la cantidad de m³ que se distribuyen; otro mecanismo es sumar costos de mantenimiento, inversión, energía e inflación para realizar cobros a los usuarios de acuerdo con el servicio que reciban, en este caso si es durante 24 horas o de manera intermitente.
Decir qué pago es el adecuado por el servicio es complejo, comentó el presidente de Gremia, pues depende de aspectos como la ubicación geográfica —que incide en los costos de extracción y tratamiento—, el tipo de uso y si hay medidores instalados, para evitar una tarifa plana que resulta injusta. La encuesta del OES encontró que existe disponibilidad a pagar por tener un servicio continuo, porque esa deficiencia representa gastos adicionales para las familias, así como que ese aplique un cargo destinado a la reforestación y conservación de las fuentes de agua.
En la actualidad, en Empagua se paga un cargo por alcantarillado, pero debería incluir el tratamiento de las aguas residuales, gasto que podría utilizarse para el mantenimiento de las plantas, sugirió Farrington.
