El hecho se derivó del hallazgo de miles de volantes en contra de Briz en la capital y el interior del país el 8 de agosto de 2001. Dichos volantes fueron impresos en la Tipografía Nacional, dependencia del Estado.
El 21 de agosto de 2001 Reyes López es denunciado ante el Ministerio Público por Silvia Méndez, directora de la Tipografía Nacional, por la impresión de los volantes, y presentó como pruebas las placas y negativos de la orden de impresión.
Méndez tuvo que salir al exilio con su familia luego de recibir amenazas de muerte. La denuncia fue respaldada por las diputadas Magda Arceo y Anabella de León. Arceo también parte al exilio por amenazas.
Desenlace
El caso tuvo momentos trágicos como la muerte de César Roddas, testigo del caso y ex empleado de la Tipografía Nacional, quien fue asesinado en la capital el 15 de febrero de 2002. Se conoció también que otros trabajadores también partieron al exilio.
Hay que recordar que el FRG, partido oficial, dominaba el Organismo Legislativo, por lo que la batalla legal fue dura y accidentada.
El 31 de octubre de 2001 la solicitud de antejuicio contra Reyes López fue presentada ante el Organismo Judicial. Sin embargo, el tribunal Noveno de Primera Instancia Penal se inhibió de conocer la solicitud, por lo que el Congreso recibió la solicitud el 7 de noviembre de ese mismo año.
Al vicepresidente se le atribuían los delitos de coacción, amenazas y abuso de autoridad. La bancada del FRG obstaculizó la formación de la comisión pesquisidora y tardaron varias semanas para conformarla.
La suerte sonrió a Reyes López, ya que la comisión fue integrada con cinco diputados eferregistas y uno de oposición.
La investigación del caso se extendió durante varios meses y el 22 de mayo de 2002 se conocía el dictamen de la Pesquisidora el cual favoreció a Reyes López ya que tres diputados del FRG miembros de la comisión lo exculparon ante “falta de pruebas”.
Récord de antejuicios
El presidente Alfonso Portillo es considerado el más denunciado en la historia política del país. Afrontó hasta siete antejuicios en su contra, todos promovidos en el año 2003 por diversos motivos. Estos fueron:
Cuentas Panamá: Promovido por Otto Pérez Molina, por haber prestado el avión presidencial para que sus amigos y funcionarios cercanos viajaran al país canalero a efectuar negocios dudosos.
Difamación: Acción emprendida por el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora. El mandatario acusó a Zamora de querer conspirar contra su gobierno.
Nombramiento ilegal: promovido por el diputado Arturo de la Cruz, por haber nombrado a Daysi Bin gobernadora de Alta Verapaz, sin haber respaldado los procedimientos establecidos.
Fusión CHN – Banoro: Varios empresarios acusaron al mandatario de haber cometido anomalías en la fusión de ambos bancos.
Favores al FRG: El 14 de enero de 2003 participó en una actividad política del FRG, lo cual es ilegal. La denuncia fue hecha por el Partido de Avanzada Nacional.
Violación a la Constitución y Ley del IGSS: Promovido por Nineth Montenegro, por haber nombrado a César Augusto Sandoval gerente del IGSS. A Sandoval le aparecían antecedentes penales.
Racismo: Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz denunció a Portillo señalandolo de haber usado a indígenas y campesinos en las protestas del Jueves Negro y Viernes de Luto.
Ningún antejuicio prosperó por la mayoría legislativa que ostentaba el partido oficial en ese periodo.
Binomio denunciado
El binomio presidencial conformado por Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, quienes llegaron al poder por el Partido Patriota en 2012 fue denunciado por su implicación en la red de defraudación aduanera conocida como La Línea en 2015.
La Línea fue dada a conocer el 16 de abril de 2015 por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público. Inicialmente se involucraron a funcionarios de gobierno y al secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón.
Con el avance de la investigación se encontró la implicación directa tanto de Baldetti como de Pérez Molina en la red.
El 6 de mayo de 2015 el Congreso recibió la solicitud de antejuicio en contra de Baldetti. La pesquisidora fue conformada dos días después por tres diputados del partido Libertad Democrática Renovada (Lider), uno de Compromiso, Renovación y Orden (Creo) y uno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Sin embargo, el trámite en el Legislativo no avanzó ya que ese mismo día, 8 de mayo, Baldetti renunció a la vicepresidencia, por lo que automáticamente perdía sus prerrogativas.
El 25 de agosto, la Corte Suprema de Justicia daba luz verde a la solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina por su implicación en el caso La Línea. Luego fue trasladado el expediente al Congreso de la República.
La comisión pesquisidora fue conformada en esa ocasión por tres diputados del partido Lider, uno del oficialista Partido Patriota, y uno del partido Creo.
Sin inmunidad
El 29 de agosto la Comisión Pesquisidora tras las diferentes reuniones y análisis determinó que debía de retirarse la inmunidad a Pérez Molina, por lo que el pleno del Congreso debía de votar con al menos 105 de 158 votos.
El pleno conoció el 1 de septiembre de 2015 la votación para retirar la inmunidad al Presidente de la República. En una jornada marcada por las manifestaciones populares y la tensión política, 132 diputados votaron a favor de retirarle la inmunidad al mandatario, incluyendo 33 miembros del Partido Patriota quienes terminaron dando la espalda a Pérez Molina.
En estos procesos la participación ciudadana activa fue notable y palpable durante los meses de abril hasta septiembre, incluido un paro nacional el día 25 de agosto.
Pérez Molina renunció a la presidencia el 2 de septiembre de 2015 y actualmente enfrenta varios procesos por corrupción junto a Roxana Baldetti y numerosos funcionarios de su administración.
