En materia de seguridad, los 108 mil kilómetros cuadrados que comprenden a Guatemala tienen distintos problemas y necesidades. Sin embargo, una constante en todo el país ha sido el descenso sostenido de la violencia homicida en la última década; aunque Centroamérica sigue siendo la subregión más violenta, de acuerdo con el Estudio Global sobre Homicidios de las Naciones Unidas.
Según el Ministerio de Gobernación (Mingob), el 2018 cerró con una tasa de 22.5 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, muy alejada de las 48 muertes por cada 100 mil personas que se registraron en el 2009. Sin que esto signifique que en materia de seguridad el país está bien, por el contrario, varios tanques de pensamiento centraron sus estudios en priorizar la ruta más eficiente para el próximo gobierno para mejorar un sistema que tiene muchas debilidades y urge de liderazgos, recursos y un objetivo claro.
El observatorio de violencia Diálogos destaca que la baja homicida en el país es la menor en los últimos 24 años, un logro que, de acuerdo a la organización, “los principales progresos se ubican claramente a favor de los grupos más vulnerables a este tipo de violencia: los hombres jóvenes, generalmente víctimas de heridas provocadas con arma de Fuego”.
Pese al descenso sostenido en la tasa de homicidios, en la población existe un clima de inseguridad. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), en parte, explica que la falta de seguridad podría obedecer a la victimización, que, aunque se ha reducido, permanece en niveles altos.
De acuerdo a encuestas del CIEN, en el 2019 en el 18 por ciento de hogares guatemaltecos se reconocía que alguien había sido víctima de delincuencia. En el 2018 el porcentaje era 22 y en el 2017 eran 20 de cada 100 hogares donde se padecía este problema.
Lo anterior demuestra la permeabilidad que tiene el electorado para que las propuestas de los candidatos se dirijan a ofrecer desde más soldados en las calles hasta la aplicación de la pena de muerte. Promesas que ni tienen respaldo legal para cumplirse y, en el caso de la pena capital, no es decisión exclusiva del Ejecutivo, sino del Sistema Judicial completo.
Las promesas de más seguridad, menos extorsiones o la ejecución de los delincuentes ocupa la mayoría de las propuestas presidenciales, robando espacio a problemas que no solo son reales, sino más urgentes, dicen expertos que sitúan los problemas en la estructura de la propia Policía Nacional Civil (PNC) además de las cárceles, donde se debe tomar de nuevo el control estatal e implementar un modelo funcional que no solo acabe con el hacinamiento, sino permita programas de rehabilitación.
Rescate del Sistema Penitenciario
Para la investigadora del CIEN, María del Carmen Aceña, el mayor desafío del Ejecutivo relacionado con la seguridad es el control del Sistema Penitenciario, donde actualmente hay seis mil espacios para una población que triplica esa capacidad. Aceña también resalta como un problema que el perfil del privado de libertad cambió y, además del hacinamiento, no existe el control de los centros carcelarios y para el Ministerio de Gobernación, actualmente, es imposible cumplir con la misión de la rehabilitación de los reclusos.
Pero el problema de hacinamiento no compete directamente del Ejecutivo, al menos de manera exclusiva. El CIEN en un estudio sobre el tema que se incluye en el proyecto Ruta para el Desarrollo de Guatemala, señala que las personas en prisión preventiva pasaron de niveles del 30% a cerca del 50% del total de privados de libertad, entre el 2008 y el 2018.
Lo anterior significa que hace una década tres de cada 10 privados de libertad estaban en prisión preventiva, el resto cumplía condenas. El año pasado cinco de cada 10 cumplía condena y otro porcentaje igual guardaba prisión preventiva a la espera de un juicio y de estos, cuatro de cada 10 pasan más de 2 años antes de llegar al debate.
Aunque el problema se comparte con el Organismo Judicial y la saturación de procesos penales, el CIEN sí sostiene que entre los desafíos directos que competen al Ejecutivo y deben ocupar al próximo ministro de Gobernación, está el establecer una carrera profesional dentro del Sistema Penitenciario, aplicar el nuevo modelo de gestión penitenciaria y se necesita, además, una cárcel de alta seguridad.
“Desde cualquier perspectiva, los datos muestran que la situación es grave” indicó Wálter Menchú, investigador del CIEN. “No sólo se comparte un espacio entre 3 o 4 personas, sino que las Granjas de Rehabilitación construidas en los años 60s y 70s, ya no responden a las necesidades actuales”, agregó.
Para Lizandro Acuña, analista en seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, se hace necesario un censo para determinar cuál es la población reclusa y sus características. A partir de ahí, se puedan trazar planes para el control penitenciario.
La propuesta, respaldada por la Universidad de San Carlos, también pasa por la obtención de recursos financieros, por ejemplo, con una reforma a la Ley de Extinción de Dominio poder destinar un porcentaje de los recursos directamente al Sistema Penitenciario y se pueda invertir en infraestructura.
Con estos recursos, dice Acuña, se podría construir y generar la ampliación de la infraestructura del sistema carcelario, “principalmente las de máxima seguridad, en especial para desmantelar las estructuras dentro del sistema, con reos que tienen condenas extensas y cuentan con liderazgos adentro”.
Una PNC de carrera
El retiro de las tropas del Ejército de tareas de seguridad ciudadana significó el cumplimiento de un convenio y la necesidad de restar trabajos de competencia civil a la institución castrense. Sin embargo, la población en algunas áreas, sobre todo del área metropolitana y con altos índices de violencia criminal, reclaman la presencia de los soldados como un disuasivo. Por esto, en estos lugares, los candidatos a la presidencia no descartan el retorno del Ejército a las calles.
En la realidad es a la Policía Nacional Civil (PNC) a quien le compete de manera exclusiva la prevención de los hechos delictivos, el combate y la contención de estos y es la única institución que cuenta con la capacidad para el uso de la fuerza y la potestad de aprehender a los infractores y ponerlos a disposición de las autoridades competentes. La PNC también debe investigar y perseguir el delito.
Lizandro Acuña califica esta promesa de sacar de nuevo al Ejército como “medidas populistas para generar votos a través de la desesperación de inseguridad.
Sobre el ofrecimiento del ejército en las tareas de seguridad civil, el académico señala que la función del Ejército está definida y en los Acuerdos de Paz se delimita y se debe respetar, de lo contrario generaría mayor conflictividad, además, esos Acuerdos son compromisos de Estado y cualquiera que llegue a la presidencia tiene la obligación de cumplirlos.
Para la investigadora Aceña, la PNC se ha debilitado y no se ha fortalecido la institucionalidad y premiado la carrera policial con ascensos apegados a la meritocracia.
“No hay comisarías propias. Dos de cada tres no son -los terrenos- del Ministerio de Gobernación”, advierte Aceña, mientras detalla algunas necesidades para el país en materia de seguridad, planteadas en la Ruta para el Desarrollo de Guatemala, del CIEN.
Fortalecer las carreras profesionales, desde la formación, reclutamiento, formación en servicio y controles internos a través de una rígida inspectoría, son aspectos a mediano plazo que el país necesita, según el CIEN, para poder encausar el trabajo de la PNC y se pueda sostener la baja de homicidios y frenar las extorsiones y otros delitos que mantienen la victimización aún en niveles altos.
A largo plazo, explica Aceña, se debe implementar una modernización de la academia de la Policía. Evaluaciones del cuerpo docente, el currículo e incluir procesos de formación permanente en la institución.
Hasta el 2018 en el país se contaba con 22 agentes por cada 10 mil habitantes. El total de la fuerza policial era hasta el año pasado de 38 mil 714, sin contar los 3 mil 170 agentes pendientes de graduación y, según Acuña, con una carencia de insumos, uniformes y situaciones donde los mismos agentes pagan el combustible de las patrullas.
Además de estos dos aspectos, los expertos también ven como áreas obligadas a intervenir la investigación criminal, como un método positivo para prevenir los delitos, reducir la victimización y controlar la tasa de extorsiones, que actualmente el CIEN la fija en 50 casos por cada 100 mil habitantes.
En el caso del Sistema Nacional de Inteligencia, se debe crear un reglamento que permita la coordinación, un sistema de carrera y especialización del personal, así como el fortalecimiento directo a la Dirección General d Investigación Criminal, adscrita a la PNC, pero que desde el 2017 que fue aprobado su reglamento aún no está completamente constituida.
