El proceso electoral que comenzó el pasado 18 de enero ha sido atípico. Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la incertidumbre de quienes estarían en la papeleta de manera definitiva, la expulsión de candidatos que se consideraban punteros en la contienda y la inscripción de otros con señalamientos han contribuido a empañar la percepción del trabajo de actores como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), las Cortes de justicia y la Contraloría General de Cuentas (CGC).
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La Encuesta Libre, desarrollada por ProDatos para Prensa Libre y Guatevisión, indica que cuatro de cada 10 personas califican de manera negativa la labor del TSE durante este proceso electoral. En el área metropolitana la cifra alcanza un 59%, contrario al 35% de la zona rural.
A criterio del analista Renzo Rosal, el que haya un 43% de negatividad hacia el trabajo del Tribunal es un reflejo del desgaste que ha tenido entre la población, no precisamente por acciones que se le puedan imputar sino por debilidades del propio sistema político.
“Hay que ver lo positivo en términos del respaldo que sigue teniendo. La siguiente magistratura que tomará posesión en abril del 2020, los próximos magistrados, tiene que tomar en cuenta estos números (negativos) para ver que los retos que enfrentarán son enormes, de lo contrario, el Tribunal entrará en un proceso de debilidad más fuerte, que podría dar como resultado que dentro de cuatro años esta nota sea todavía más baja”, dijo Rosal.
Históricamente, refirió, esta es una de las instituciones con mayor credibilidad y reconocimiento positivo, pero esto ha ido cambiando, y es más notorio cuando su labor es evaluada según el nivel socioeconómico de la población. El 61% y 52% del segmento alto y medio, respectivamente, dicen que no ha hecho un buen trabajo.
La explicación a este negativismo sobre su actuar puede corresponder a que la población de estos sectores tiende a exigirle más al TSE, y que su trabajo vaya más allá de organizar elecciones, como involucrarse en temas de investigación o fiscalización, agrega Rosal.
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Cortes mal calificadas
Las Cortes de justicia también salen mal evaluadas por la población que cuestiona la falta de transparencia de sus decisiones en este proceso electoral. Seis de cada 10 personas opinan que estas no han sido limpias en su actuar. Tanto los encuestados de la metrópoli como los del área rural ponen en duda la calidad de la claridad en su trabajo, el 73% y el 53%, respectivamente.
Tanto hombres como mujeres le dan una mala calificación a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Corte de Constitucionalidad (CC). El 63% de los varones ven negativa su labor, mientras que en la población femenina la cifra es 61%.
Mientras que son los niveles alto y medio para quienes el trabajo de las cortes es cuestionable, donde ocho de cada 10 del nivel alto y siete de cada 10 del medio lo ven mal.
La evaluación puede responder a que “la población tenga la impresión de que las cortes fueron utilizadas como un medio para obstruir la participación de algunos candidatos”, indicó José González, coordinador del Programa de Justicia de Impunity Watch.
Agregó que esto también puede obedecer al retraso de las cortes en resolver la inscripción de los candidatos, lo que generó una situación de fuerte incertidumbre en el proceso electoral, que incluso no llegó a resolver sino hasta hace unos días, cuando realmente se definió quienes estarán en la papeleta el próximo domingo, 16 de junio, en las elecciones generales.
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Esta percepción negativa hacia la CSJ y la CC se debe en parte, según Rosal, a “la judialización de la política que tenemos en este evento, en donde a las cortes, no solo la Suprema sino la Corte de Constitucionalidad, les ha tocado resolver -a veces bien y a veces no- acciones que están en el marco de la institucionalidad electoral… es cuestionado por la población que cree que las cortes están metiéndose en acciones que no le corresponden”.
Que no se haya aplicado los mismos criterios para la inscripción de candidatos también pudo influir en esa falta de transparencia que la población percibe, mencionó González.
La CGC tampoco convence
Los participantes en la Encuesta Libre también mostraron una percepción negativa del trabajo de la Contraloría General de Cuentas (CGC), el 61% dijo que el trabajo de esta institución en este proceso electoral no ha sido limpio ni transparente; en la ciudad como en la provincia no salió bien evaluada.
En el área metropolitana siete de cada 10 creen que su labor es cuestionable, en tanto que en el área rural es cinco de cada 10.
Tanto por sexo, edad y nivel socioeconómico el panorama no mejora para la CGC que la califica mal.
La manera en que entregó o dejó de dar finiquitos a los candidatos para inscribirse en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, pudo haber contribuido a que la población pusiera en duda su trabajo, dijo el coordinador de Impunity Watch.
Cuestionan exclusión de candidatos
La mayoría de los encuestados manifestó no estar de acuerdo con la decisión de la Corte de Constitucionalidad de dejar fuera de las elecciones generales a Zury Ríos. El 54% así lo manifestó.
Los votantes se mostraron más empáticos con la expresidenciable del partido Valor, contrario a Thelma Aldana, quien aspiraba a la presidencia por el Movimiento Semilla. Seis de cada 10 personas dijo estar de acuerdo con que ella no participara en la contienda electoral.
Aunque las dos eran favoritas en las encuestas, a criterio de Rosal, el bajo reconocimiento que Aldana tenía en el escenario político jugó en su contra, contrario a Ríos para quien esta sería su segunda participación en las elecciones generales.
Además, indicó el analista, “para una sociedad bastante conservadora y más orientada hacia el espectro de la derecha, la figura de Zury Ríos terminaba siendo para cierto sector de la población como una opción.
Mientras que en un segundo espectro: “La no participación de Zury se ve como una dosis de injusticia, que va más allá de reconocer o no que hay un artículo constitucional que tiene dedicatoria sobre ella y su familia”.
El 82% de la población también manifestó estar de acuerdo con la exclusión del proceso electoral de Mario Estrada, que iba por el partido Unidad del Cambio Nacional (UCN).
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