La conflictividad social es un tema que aunque no ha sido abordado directamente por los dos binomios presidenciales, sí es un problema recurrente y que demanda soluciones para evitar que se desarrollen focos de conflicto que lleven a la ingobernabilidad.
En la gestión gubernamental, la realidad como una expresión de intereses contrapuestos entre sí que se encuentran en disputa para definir las decisiones políticas que se tomarán, suele superar y hasta invisibilizar el programa de gobierno.
Para hacer una buena gestión, el programa es fundamental porque señala la ruta para reducir las distancias materiales con el principio fundacional del pacto social y el espíritu de la constitución que es el bien común.
Ser leal a las propuestas y a la visión de país que se presentó en la campaña electoral requiere de habilidad, capacidad de consenso, principios irrenunciables y voluntad política. Pero también y lógicamente requiere de un programa integral que comprenda los problemas públicos y presente las políticas públicas que se consideran necesarias para mitigar sus causas y sus efectos.
El silencio de los candidatos
Por eso es preocupante más allá de las discusiones coyunturales sobre corrupción, empleo y violencia urbana; que los dos partidos políticos que han pasado a la segunda vuelta electoral le hayan restado importancia a la conflictividad social, considerando, sobre todo, que la actual Corte de Constitucionalidad ha suspendido varios proyectos extractivos por violar las leyes y los tratados internacionales.
Además, la conflictividad social es un fenómeno en crecimiento que, a la luz de las protestas, las resistencias, las persecuciones, los asesinatos, los desalojos y las medidas de hecho de los últimos años, le ha demostrado a los actores públicos y privados que de no ser atendida desembocará en una profunda crisis territorial que afectará el desarrollo económico y la convivencia social. Dejando fracturas irreversibles en el corazón de las poblaciones y sus ecosistemas.
- Según el Observatorio de Conflictividad, en el año 2017 hubo 6 mil 523 conflictos reportados a nivel nacional.
- La mayoría se concentraron en el sector extractivo (mineras; 45.5%), en el sector energético (hidroeléctricas; 12.40%) y en el sector agroindustrial (tierras; 5.80%), especialmente, en los territorios en donde viven comunidades indígenas.
La contradicción principal y más fuerte se encuentra en la relación inestable entre la lógica eficientista del capital extractivo y las cosmovisiones mayas respecto a su entorno, en donde la naturaleza es la base de su visión del mundo y de su desarrollo comunitario. Esto se refuerza ante los innegables daños que ocasiona el extractivismo en el paisaje, en el medio social y ambiental; así como ante la incapacidad de los distintos actores para generar soluciones y alternativas.
Habría sido interesante analizar la dimensión programática de VAMOS y de la UNE. Pero ambas son muy ambiguas y no entran en detalles sobre cómo abordarán la conflictividad social.
Se limitan a repetir lo que ya han dicho otros actores en el pasado sobre “buscar equilibrio entre la agenda extractiva y el medio ambiente”. Sin decir cómo lo harán y proponiendo únicamente pincelazos de una especie de restauración ecológica (que, por cierto, es urgente tomársela en serio).
Pero ninguno garantiza el carácter vinculante de las consultas comunitarias, el aumento de regalías en beneficio de la comunidad o el fortalecimiento del Sistema Nacional de Diálogo con una perspectiva multisectorial de transformación de conflictos.
Por tanto, analizando brevemente la dimensión política, podemos concluir que el cambio de gobierno no augura un nuevo rumbo en la atención de la conflictividad social.
Alejandro Giammattei, presidenciable de VAMOS, pertenece a una tradición política que opta por la imposición o por la represión antes que, por los acuerdos. Lo confirma su paso por la Dirección del Sistema Penitenciario y su cercanía con la camarilla de militares asociados a limpieza social y con una serie de empresas que han sido beneficiadas con contratos públicos en el sector energético. Lo cual generaría de entrada conflictos de interés y falta de credibilidad en la negociación política.
Sandra Torres, presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por su lado y a pesar que en 2015 aseguraba que el “70% de la población del interior no quiere minería”, proviene de un gobierno que en 2005 le concedió al Proyecto Minero Progreso Derivada VII la construcción de una mina en La Puya sin que tuvieran la licencia correspondiente y sin informar ni consultar a las comunidades aledañas. Además, ha mantenido cercanía con capitales financieros que invierten con especial interés en el sector minero. Lo cual también generaría dudas sobre su voluntad de evitar beneficios particulares en detrimento del bien común.
Giammattei, sobre las industrias extractivas destaca el impacto positivo en la economía nacional y la generación de empleo. Durante un evento de la Asociación de Gerentes de Guatemala, el candidato señaló que es necesario crear el reglamento para aplicar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y regular así las consultas populares, una normativa que, ofreció el presidenciable de Vamos, harían durante los primeros 90 días de su gobierno y luego sería socializado con las comunidades hasta ahora involucradas.
La candidata de la UNE, Sandra Torres, ha fijado su postura sobre el tema en que existen unas 11 iniciativas sobre la Ley de Minería en el Congreso, por lo que, por ahora, no es necesario una modificación de la ley, en cambio, al igual que Giammattei, señala que es más urgente trabajar en una normativa para el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se hagan las consultas comunitarias y vinculantes.
