Desde hace casi 30 años, los narcos delatores, o policías o agentes de la DEA encubiertos, han logrado sentar a narcotraficantes guatemaltecos en cortes de EE. UU, evadiendo así los obstáculos para someterlos a la justicia en Guatemala. Aún así, desde 2009 hasta la fecha, el trasiego de cocaína en el país aumentó 400% (según datos del Departamento de Estado de EE. UU.).
Los trucos de la DEA, para capturar a narcotraficantes o a sus aprendices, son casi tan viejos como la rueda. Pero no menos efectivos. Si no, que lo digan el ex presidenciable del partido Unión del Cambio Nacional (UCN), Mario Amílcar Estrada Orellana y Juan Pablo González Mayorga, tercer secretario adjunto de la UCN. Entre diciembre de 2018 y abril de 2019, esa agencia antidrogas de los EE. UU. los convenció de que trataban con dos miembros del Cartel de Sinaloa. La DEA supo que mordieron el anzuelo cuando Estrada y González les pidieron dinero para la campaña política.
Estrada nunca tuvo contacto con miembros del cartel, sino con dos confidential sources (CS, o fuentes confidenciales), que la DEA describe como “fuentes pagadas de las fuerzas de seguridad”, en una denuncia que el agente Francis Cucci presentó en la corte del Distrito Sur de Nueva York, que lleva el caso de Estrada. El documento no revela de dónde son las fuerzas de seguridad, pero se presume que de Guatemala porque los CS hicieron el primer contacto con los detenidos en este país. Además, González les ofreció puestos en el Gobierno cuando la UCN “ganara”.
Fuentes confidenciales
Cucci señaló que las fuentes confidenciales CS-1 y CS-2 actuaban bajo la dirección de la DEA.
¿Cómo fueron tan convincentes ante Estrada y González cuando los conocieron, y se reunieron con ellos en Guatemala y en Miami? Fácil. Tenían experiencia. El agente Cucci explicó que el CS-1 trabaja para la DEA desde 2016, y el CS-2, desde 2008, además de ser miembros de las fuerzas de seguridad locales. Eso quiere decir que su fachada no comenzó con el caso de Estrada. Ambos eran un radar que captaba información que pudiera convertirse en un caso, con posibilidades de producir una extradición o una incautación importante.
“Las fuentes confidenciales de la DEA se pueden crear para un caso, o pasar años captando información para varios casos”, dice Michael Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, y quien fue agente encubierto en México y Colombia.
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Trucos con motivos
Los montajes de la DEA no persiguen sólo capturar a un acusado, sino capturarlo en un lugar específico —en EE.UU., o en un país desde donde el traslado hacia territorio estadounidense se haga con facilidad. Numerosos casos han demostrado que una captura en Guatemala, a menos que el procesado acepte ser extraditado, implica una espera de hasta tres años. El alcalde de Zacapa en 1990, Arnoldo Vargas, fue capturado ese año y extraditado a EE.UU. hasta 1992 (volvió deportado en 2017 después de 25 años en una cárcel estadounidense), o de Waldemar Lorenzana Lima y su hijo, Eliú Lorenzana Cordón, capturados en 2011, y extraditados hasta 2014 y 2015, respectivamente.
Por eso la DEA sabía que la captura de Estrada y González debía ocurrir en EE. UU., y por eso urdió un anzuelo. El 11 de abril pasado, el CS-2 los telefoneó desde Nueva York para decirles que tenía el dinero producto de una venta de drogas, y se los entregaría en Miami. Sólo dos meses antes, el exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán había sido condenado a cadena perpetua en Nueva York, pero el CS-2 consiguió hacerse pasar como representante de Ismael el Mayo Zambada, la segunda figura más fuerte del cartel después de Guzmán.
Toda la información de las reuniones acabó en una denuncia que Cucci hizo frente a la jueza Barbara Moses, de una Corte del Distrito Sur de Nueva York, el 16 de abril pasado, según el expediente 19-MJ-02593. Un día después, Estrada y González viajaron a Miami y los capturaron.
“La DEA busca la manera de atraer a la persona bajo vigilancia hacia EE. UU. con el pretexto de una reunión, de ser posible, porque allí tiene mayor control sobre la situación”, explica Vigil, según quien la DEA adapta sus estrategias a las circunstancias. El último antecedente de un caso similar ocurrió con tres oficiales del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA) en 2005: el jefe, Adán Castillo López; el subjefe, Jorge Aguilar, y el jefe de la unidad en el Puerto Santo Tomás de Castilla, Rubilio Palacios. Los tres viajaron a Virginia, EE. UU., donde creían que recibirían un curso antinarcóticos. En cambio, la DEA los capturó porque estaban acusados de narcotráfico.
El plan B
Las operaciones encubiertas de la DEA también persiguen lograr capturas en un país donde se pueda evitar un proceso de extradición, y tenga el apoyo de autoridades locales. Por ejemplo, así logró que la policía capturara a los guatemaltecos Byron Berganza en El Salvador, en septiembre de 2003; Jorge Mario el Gordo Paredes en Honduras, en mayo de 2008, y a Ottoniel Turcios en Belice, en octubre de 2010.
En los tres casos, llevados en una corte del Distrito Sur de Nueva York, las autoridades locales expulsaron a los capturados. Pero no los expulsaron hacia Guatemala, sino hacia agentes de la DEA asignados a los citados países, que se los llevaron a EE. UU. No los extraditaron, según consta en los documentos del caso. De hecho, el expediente de Paredes se refería a una figura legal en la que, si no protestaba el país desde donde se realiza la expulsión, el expulsado no tenía voz ni voto en el asunto. La figura estaba sustentada en un caso de mediados de los años 90 que sentó este precedente legal, y lo hizo válido, según las leyes estadounidenses.
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No existen casos documentados en Guatemala en que se haya adoptado esta práctica, salvo por la primera captura del Chapo Guzmán, en junio de 1993 (días después del autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías). Aunque no fue para enviarlo a EE. UU., la DEA colaboró en la operación encubierta para capturarlo, según un exoficial de la Dirección de Inteligencia Militar. Oficiales del Ejército de Guatemala lo entregaron a las autoridades mexicanas en la frontera entre San Marcos y Chiapas.
Casi 20 años después, Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala 2012-2015, se acreditaba la captura de Guzmán y en una entrevista con Univisión decía que lo habían extraditado. Sin embargo, una fuente que fue funcionario de la Dirección General de Migración en 1993 asegura que no lo extraditaron: lo entregaron sin papeleo de por medio.
Con fines de extradición
Si es imposible el traslado a EE. UU., o a otro país desde donde el traslado a EE. UU. es fácil, sólo resta la captura por pedido de extradición. Así ocurrió con los Lorenzana, primero con el intento fallido en 2009, y después con las capturas en 2011 y 2013 (de Lorenzana Lima y sus hijos Eliú y Waldemar), y con Byron Linares (contador del narcotraficante Otto Herrera García y primo de los Lorenzana Cordón).
Un caso reciente es el de Erick Súñiga, alcalde de Ayutla, San Marcos, contra quien el Ministerio Público debió solicitar antejuicio antes de poder solicitar la captura por pedido de extradición de EE. UU., porque enfrenta una acusación por narcotráfico en una corte de Texas. Otro caso es el de Julio Rosales Morales, quien se identificaba como candidato a diputado del partido Visión con Valores en Retalhuleu, pero que no estaba inscrito como tal, según el partido. Rosales sí fue capturado por enfrentar cargos similares en EE. UU.
El expediente de Herrera y los Lorenzana en una corte de Washington, DC, revela cómo sus capturas se desencadenaron del contacto de la DEA con un informante, que era asistente de Linares Cordón. El informante se reunió con un agente de la DEA y le mostró un cuaderno de contabilidad que registraba cuántos fondos manejaban en Guatemala por el trasiego de cocaína. También le dijo dónde guardaban el dinero.
En abril de 2003 la DEA, la Policía Nacional Civil y el MP ubicaron una casa en la colonia La Cañada, en la zona 14 capitalina, donde la estructura almacenaba US$14.4 millones. También encontraron documentos que llevaron a la captura de Herrera en México en 2004 (aunque se fugó un año después de la cárcel) y a su recaptura en Colombia en 2007, desde donde fue extraditado a EE. UU., y a la captura de Linares Cordón en 2011 en Guatemala, y de los Lorenzana. Otros cómplices fueron capturados en Panamá y Colombia.
Herrera, que permaneció seis años en la cárcel antes de recibir libertad condicional, también se convirtió en una fuente confidencial, como su hermano Guillermo y Linares Cordón —también ya excarcelados. Todos recibieron una condena reducida a cambio de colaborar con la fiscalía cuando se los solicitara.
Extremo más delgado
La DEA se especializa en ubicar a personajes en problemas que delatarían a cualquiera para salvarse. “Los ubica, los aborda o los captura, y después los voltea, porque no tienen un sentido de honor; echan al agua a cualquiera para salvarse, y eso se vio en el juicio contra el Chapo y toda la gente que declaró en su contra”, explica Vigil. En Guatemala, lo hacen desde hace décadas.
Así logró la DEA, a principios de los 90, convertir en informante a un piloto colombiano que transportaba cocaína de su país hacia Guatemala y la entregaba al teniente coronel guatemalteco Carlos Ochoa Ruiz.
El resultado fue el hallazgo en 1992 de 2.8 toneladas de cocaína en una propiedad del militar, que no fue capturado, sino su caso fue desechado bajo el argumento de evidencia insuficiente. Cuando EE. UU. insistió en la captura y extradición de Ochoa, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad que, liderada por el magistrado Epaminondas González Dubón, aprobó la extradición en una votación 4-3.
Nueve días después, el magistrado González fue acribillado. El móvil no se vinculó oficialmente a la extradición, pero eventualmente la corte revirtió la decisión. En 1997, Ochoa cayó por otro cargamento de 30 kilos, y fue sentenciado a 14 años de cárcel, pero la DEA ya había desistido de intentar llevarlo a una corte estadounidense.
Diez años después, en el caso de Berganza, un expolicía que lo capturó dijo que lo protegían militares (su cuñado era un alto oficial del Ejército), y que Berganza logró que un juzgado revirtiera la orden de captura. Sin embargo, cuando la DEA reclutó como informante al salvadoreño Armando Llort Quiteño, la suerte de Berganza cambió.
Llort estaba en problemas porque estaba involucrado en el movimiento anómalo de dinero vía el Crédito Hipotecario Nacional, del cual el mandatario Alfonso Portillo (2000-2004) lo nombró presidente. Entonces, el salvadoreño le ofreció a la DEA entregar a Berganza. Como ya le había planteado invertir en un negocio de cocaína, y Llort tenía una orden de captura vigente en Guatemala, citó a Berganza en un restaurante en El Salvador. Apenas se habían saludado y Llort se levantó para ir al baño. No regresó. En su lugar, llegaron agentes de la PNC salvadoreña. Capturaron al guatemalteco con la excusa de que estaba ilegalmente en El Salvador, pero lo entregaron a la DEA, que un día después lo llevó a Nueva York.
En libertad
Berganza no fue a juicio porque se declaró culpable, pero una jueza del Distrito Sur de Nueva York, Deborah Batts, lo condenó a 22 años de prisión. Salió libre a los 12 años (contados a partir de su captura), a fines de 2015 —la condena fue considerada como cumplida por motivos que otra corte del mismo distrito no reveló.
En 2011, Llort también declaró (en teleconferencia desde Nueva York) contra Portillo —en el juicio por corrupción contra el exmandatario en Guatemala, del cual salió absuelto. En 2013 fue extraditado a EE. UU., donde la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo pedía por lavado de dinero—porque el dinero que movió Portillo pasó por bancos estadounidenses. La fiscalía logró que el expresidente admitiera su culpa, pero la corte lo condenó a cinco años de cárcel.
En el caso de Paredes, su talón de Aquiles fue un dominicano que contrató sin saber que estaba en libertad condicional en conexión con un caso de posesión de heroína para la venta. La policía interceptó al dominicano con un cargamento de cocaína de 265 kilos de Paredes a dos cuadras del Madison Square Garden, en pleno Manhattan.
El dominicano sólo tenía dos opciones: pasar el resto de su vida en la cárcel, o recibir seis celulares “pinchados” para seguir comunicándose con Paredes y sus socios, mientras recibía la cocaína que le enviaban desde Guatemala para vender, y la entregaba a la DEA, y fingía enviar hacia México el dinero de la venta. Aceptó lo segundo. La información que recibió la DEA le permitió capturar a Paredes en Honduras y expulsarlo hacia EE. UU., y hacer extraditar a otros socios desde Colombia y Panamá.
Van a lo seguro
Un abogado criminalista en Nueva Jersey, con 35 años de experiencia, que pidió no ser identificado, señala que cerca del 2% de casos criminales van a juicio —incluyendo aquellos por narcotráfico— y sólo si la fiscalía tiene la certeza de que conseguirá condena. El resto involucra acuerdos con los procesados. En muchos, la evidencia es tan fuerte que no van a juicio porque el procesado se declara culpable y colabora con delaciones.
Paredes fue el único de una red de al menos nueve personas que se declaró no culpable. El jurado no coincidió y lo declaró culpable, y la jueza Batts lo condenó a 31 años de cárcel, una condena luego modificada a 21 años. Mientras tanto, Turcios Marroquín, acusado de los mismos delitos que Paredes, pero que se declaró culpable y negoció con la fiscalía, pasó cinco años en una cárcel neoyorkina antes de que lo devolvieran a Guatemala. Los demás acusados también están libres. Paredes es el único que permanece en prisión.
Herrera García enfrentaba diez años de cárcel después de su extradición desde Colombia, y cumplió seis; Linares Cordón pasó huyendo casi ocho años hasta su captura en 2011 y peleando su extradición otros tres, sólo para pasar menos tiempo en la cárcel en EE. UU. de lo que pasó huyendo: salió libre en julio de 2017.
Marllory Chacón, también acusada de narcotráfico, podría enfrentar cadena perpetua; la condenaron a 12 años y salió libre después de cuatro años y medio. Los tres declararon contra los hermanos Waldemar y Eliú Lorenzana Cordón, que fueron a juicio porque se declararon no culpables. Sin embargo, el jurado sí los encontró culpables, y la corte los condenó a cadena perpetua.
La evidencia que reunió la fiscalía en Nueva York, con ayuda del CS-1 y CS-2, le convenció de que tenía un caso sólido contra Estrada y González si lograba capturarlos en EE. UU. Por ahora, una fuente extraoficial, vinculada con autoridades gubernamentales, afirma que Estrada ya se comprometió a colaborar —algo que la fiscalía neoyorkina no ha confirmado.
Insalvables
Si bien Estrada y González no traficaron ni un gramo de cocaína, quedó claro que tenían la intención de hacerlo, y que el entonces candidato presidencial no dudó en aceptar un adelanto de US$10 mil. Pero, además, se trataba de dos sujetos que, por admisión propia, ya se codeaban con el narco —a menos que estuvieran mintiendo, para dar la falsa impresión de que estaban en demanda.
Si era mentira cuanto aseguraron a las fuentes confidenciales que alguien del cartel Jalisco Nueva Generación también quería financiar la campaña de la UCN, para tener ese salvoconducto para traficar vía Guatemala si ese partido ganaba las elecciones, eso explicaría que Estrada y González no advirtieran que el CS-1 y CS-2 no eran narcos.
elPeriódico de Guatemala reveló que Estrada supuestamente tuvo vínculos con Marllory Chacón, y aunque no se trata de información oficial y comprobada, eso podría explicar por qué González y Estrada decían tener contactos para el transporte de dinero, y para eliminar a otros candidatos. En EE. UU., Chacón declaró que tuvo contactos importantes para lavar y transportar dinero ilícito en Guatemala.
Mario Mérida, exoficial de la Dirección de Inteligencia, que ayudó a coordinar operaciones antinarcóticas con la DEA a principios y mediados de los 90, no descarta que Chacón ofreció información acerca de Estrada en EE. UU. Chacón se declaró culpable de narcotráfico y se comprometió a colaborar en los casos que se lo solicite la fiscalía.
Ella misma cayó, en parte, con evidencia que un narcotraficante e informante obtuvo después que grabó una reunión en una casa de Chacón en Guatemala. Esa fue parte de la evidencia que la fiscalía usó contra ella para comprobar que tenía un papel activo en el envío de cocaína desde Colombia hasta Centroamérica, antes de ser enviada a EE. UU. Chacón también fue una informante de la DEA durante al menos año y medio antes de entregarse en Miami en 2014.
Los sucesos en el proceso de Estrada revelarán si el expresidenciable delata a alguien más para salvarse, de tener esa oportunidad. Por lo pronto, lo representan la abogada Daniela Posada (del Bufete Posada, Taddeo y Dietiker) y el abogado Robert Feitel, de Miami, que también representaron a José Che Manuel López, sobrino del alcalde de San Juan Ermita, y uno de los narcos más poderosos de Chiquimula hasta 2017, según las autoridades en Guatemala.
Ni el expediente en Miami, ni esas autoridades revelan dónde capturaron a López (tres años después de un intento fallido de la DEA, PNC y Ejército de capturarlo en San Juan Ermita), aunque fuentes extraoficiales en Chiquimula dan cuenta de que pactó su entrega y de pronto apareció en una celda en Miami.
Excarcelación
López se declaró culpable de narcotráfico, y su excarcelación está fijada para 2027, diez años después de su entrega. Considerando que a López la DEA le endilga el trasiego de múltiples toneladas de cocaína, y Estrada y González enfrentan cargos por conspirar para importar cocaína a EE. UU. y no habían comenzado a traficar, no es descartable que los abogados les recomienden la misma ruta que siguió su otro cliente guatemalteco.
Por ahora, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York tiene bajo el brazo las pruebas irrefutables contra el excandidato presidencial y el tercer secretario adjunto de UCN, y parecen pocas las posibilidades de que su defensa consiga librarlos de una condena, aun si es corta. Sólo en febrero pasado le preocupaba a Estrada que González lo llamó desde Miami, desde su propio teléfono, para mostrarle la caleta que ocultaba el dinero que supuestos miembros del Cartel de Sinaloa le enviarían a Guatemala (aunque era un enorme placebo, paquetes de billetes falsos, que el CS-2 montó junto a la DEA).
El candidato pensaba que esa llamada le traería consecuencias. No sabía que para entonces ya estaba hundido hasta las rodillas. Y no por González, sino por mano propia, al confiar en los agentes encubiertos que lo engañaron. Pero de eso se enteró de la peor manera: cuando se vio capturado en Miami.
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