En Guatemala, en el año 2018, solo uno de cada dos niños en edad reglamentaria asistió a preprimaria (tasa neta de escolaridad —TNE—: 53%), ocho de cada 10 a primaria (TNE: 78%), menos de la mitad al ciclo básico (TNE: 43%) y apenas uno de cada cuatro a diversificado (TNE: 25%). En los últimos 10 años, la cobertura en primaria se redujo 17%.
Asimismo, en los últimos 10 años, el presupuesto del Ministerio de Educación se multiplicó por 2.4 veces, pasando de Q5,790 millones en el 2008 a Q13,990 millones en el 2018; del 13.6% al 18.6% del presupuesto total del Estado; y del 2% al 2.4% del PIB.
Por lo tanto, se puede concluir que la educación ha sido priorizada a nivel presupuestario.
Sin embargo, no ha sucedido de la misma manera con la calidad educativa. De los estudiantes que en el 2018 se graduaron del nivel medio, solo uno de cada 10 (11%) alcanzó el nivel de logro en matemática y uno de cada tres (35%) en lectura.
En la prueba internacional PISA-D realizada a estudiantes del ciclo básico, solo uno de cada 10 (10%) alcanzó la aptitud mínima en matemáticas y tres de cada 10 en lectura (30%) y ciencias (26%). Ante esos resultados, ¿qué acciones tomar para mejorar la calidad de la educación?
En el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) identificamos nueve acciones a implementar. En el corto plazo —de inmediato—: 1) implementar un sistema eficiente de formación, reclutamiento y evaluación docente; 2) implementar la carrera del director; y 3) mejorar la entrega de los programas de apoyo.
En el mediano plazo —mitad de período de gobierno—: 1) fortalecer el acompañamiento pedagógico del docente; 2) implementar una política de tecnología en las aulas; y 3) poner en práctica un sistema de mejoramiento continuo de la calidad. En el largo plazo —final del período de gobierno—: 1) aumentar los programas de becas; 2) contratar a los mejores docentes y promoverlos en una carrera docente basada en el mérito; e 3) implementar un modelo descentralizado de educación.
Ya basta de aumentar los recursos a la educación pública para financiar pactos colectivos que otorgan aumentos generalizados a los salarios sin tomar en consideración el mérito. Esta práctica solo ha provocado que en los últimos 10 años el gasto en salarios pase del 67.6% al 70% del presupuesto del Mineduc —alcanzó el 86% en el 2016—, con escasos resultados en mejoras de cobertura y calidad educativa.
