Guerrillas
En nuestro país, las Fuerzas Armadas Rebeldes se fundaron en diciembre de 1962 con la unión de los movimientos Rebelde 13 de Noviembre, 20 de Octubre y 12 de Abril, los últimos dos dirigidos por el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), lo cual implicó que los militares insurgentes se aliaran con el Partido Comunista y con algunos líderes de izquierda.
Estas bases pusieron en marcha la denominada “guerra revolucionaria del pueblo” y pretendía luchar en beneficio de la mayor parte de la población, de la pobre, olvidada y marginada.
En Colombia se dice que el antecedente más inmediato de la guerra entre el Estado y la insurgencia fue la violencia partidista que se vivió durante las décadas de 1940 y 1950.
Pero lo que ambos países compartieron para que sus respectivos conflictos se agudizaran fue la Revolución Cubana de 1959 y el contexto de la Guerra Fría. Todo eso derivó en una guerra de guerrillas en ambas naciones.
La insurgencia colombiana, además, se fue a las armas porque su gobierno prohibió la participación política del Partido Comunista, una decisión que fue adoptada en 1954 —coincidentemente cuando la CIA intervino en nuestro país para derrocar a Jacobo Árbenz—. “Aquí y en Colombia mandaba Estados Unidos”, refiere Montes.
En las áreas rurales
Los grupos armados de Guatemala estuvieron fraccionados, aunque, desde 1982, actuaron coordinados bajo la sombrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
En Colombia se quiso dar la impresión de que sucedía lo mismo, donde supuestamente solo había dos actores en la guerra: el Estado contra las FARC,. pero eso no era cierto, ya que existían otras guerrillas, como la del Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación, las cuales fueron prácticamente ignoradas en el discurso oficial.
Una de las similitudes que se comparten con el caso colombiano es que la insurgencia llevó a cabo sus movimientos en las áreas rurales, donde el Estado no tenía presencia.
Como parte de su modus operandi, los grupos rebeldes guatemaltecos y colombianos mantuvieron las acciones de hostigamiento, sabotaje y ejecuciones.
La guerrilla guatemalteca, a decir de Montes, se financió por medio de secuestros de gente adinerada y de robos a bancos. Esto, precisamente, es una de las grandes diferencias que marcaron los conflictos de Colombia y Guatemala, pues las FARC, en los ochentas, empezaron a obtener ingresos económicos del narcotráfico. Tanto así que ese país llegó a convertirse en un narcoestado financiado por Pablo Escobar Gaviria.
“Lo que ha sucedido en Colombia es más un enfrentamiento entre grupos armados regulares e irregulares, entre ellos, ejército, grupos guerrilleros y paramilitares, bandas criminales y delincuencia común, que se disputaban el poder, las tierras e incluso las rutas del narcotráfico”, indica el informe Colombia y Guatemala; paralelos de una violencia sin tregua, escrito por Marda Zuluaga Aristizábal, de la Universidad de La Plata, Argentina.
“Nosotros nunca participamos del narcotráfico”, asegura tajantemente el comandante Montes.
Lo que sí hubo fue intercambio de experiencias entre las guerrillas colombianas, guatemaltecas y nicaragüenses, afirma Montes. “Varios grupos de izquierda nos reuníamos en la clandestinidad para intercambiar información. Nos decíamos qué armas o tácticas empleábamos. También comentábamos sobre el uso que se les daría a las tierras ocupadas”, comenta. “Sin embargo, nunca un grupo le dijo a otro qué debía hacer; cada quién tenía su propia línea, porque los conflictos eran distintos”, agrega.
El terror, en cualquier caso, estaba a la orden del día. Hubo miles de víctimas inocentes debido a las balas; principalmente campesinos pobres que quedaron atrapados entre las luchas.
En Guatemala, según los informes de la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) y de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, hubo masacres orquestadas por el Ejército con características genocidas. De hecho, el Remhi calcula que el 93 por ciento de las muertes del conflicto fueron perpetradas por las fuerzas gubernamentales —ejército, policía, escuadrones de la muerte y las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil—.
El período más cruento fue entre 1980 y 1983, cuando se registraron hasta el 80 por ciento del total de víctimas. “Durante ese período, Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Óscar Mejía Víctores ocuparon el cargo de comandante general del Ejército; por tanto ninguno de ellos se escapa de la responsabilidad por tantas víctimas”, se lee en el documento del Remhi.
La Comisión
El 29 de diciembre de 1996, luego de cinco años de negociaciones, el gobierno guatemalteco y la URNG firmaron los acuerdos de paz, con lo cual se puso fin a 36 años de conflicto armado.
En junio de 1993 se creó la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que sería la encargada de recoger los testimonios de víctimas y sobrevivientes, así como de presentar un informe detallado de lo ocurrido durante la guerra.
Este fue entregado a principios de 1999 con el título de Guatemala, memoria del silencio.
En Colombia se formó una institución similar llamada Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, con la misión de producir un informe sobre los orígenes y las múltiples causas del conflicto, los principales factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a su persistencia, y los efectos e impactos más notorios del mismo sobre la población.
El documento fue presentado al Gobierno y a las FARC en febrero del 2015, como parte de los diálogos de paz que ambas partes sostuvieron en La Habana, Cuba, desde el 2012.
Ahí se determinó que la cuestión agraria fue determinante para que surgiera la confrontación. Todo se agravó con el narcotráfico y sus secuelas. Asimismo, el secuestro y la extorsión, tal como en Guatemala, estuvieron presentes a lo largo de la guerra. Como tercer punto, la precariedad institucional y un sistema político clientelista. Por último, el paramilitarismo.
Todo esto hizo que hubiera desplazados, secuestrados, extorsionados, torturados, despojados, asesinados, desaparecidos o víctimas de reclutamiento, minas antipersonales o ataques directos.
En los procesos de paz de los conflictos sucedidos en Guatemala y Colombia se abordaron temas tan importantes como el agrario, la participación política, víctimas, amnistía y, en el caso sudamericano, llevar solución al problema de la producción y distribución de drogas ilícitas.
El pasado 23 de junio, el Gobierno de Colombia y las FARC dieron un paso histórico al firmar un acuerdo previo de cese al fuego, lo cual se efectuó en un acto en La Habana. La paz definitiva se firmará entre agosto y septiembre de este año, presumen algunas fuentes.
“Nos llegó la hora de ser un país en paz”, expresó el presidente Juan Manuel Santos.
Aunque el proceso es alentador, los colombianos no deben bajar la guardia. El mal ejemplo, lamentablemente, es Guatemala, ya que luego de los acuerdos de paz de 1996, “estamos peor que antes”, tal como dice Montes, ya que la violencia se ha recrudecido ya no solo en las áreas rurales, sino también en las urbanas. La estadística es de alarma: hay un promedio de 15 muertos por día.
A eso hay que añadirle la injusticia social reflejada en la miseria y el hambre. Una firma no quiere decir que haya armonía. “El camino de la paz es más difícil que la misma guerra”, sentencia Montes.
