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Desafíos de la sociedad actual de Guatemala, a 500 años de la conquista
En la historia nacional, desde la conquista, han ocurrido altibajos; los más recientes están relacionados con la democracia, a propósito de las elecciones generales del 2023 que implicaron el cambio de las autoridades de gobierno, cuya gestión inició hace algunos meses.
Uno de los problemas socioeconómicos que ha quedado pendiente de resolver en el país es la inseguridad alimentaria y nutricional, que debe enfrentar el gobierno actual. (Foto: Hemeroteca PL)
Por Pedro Prado*
El tema es relevante porque la población tiene expectativas positivas de que, a través de esa forma de gobierno, tenga acceso a mejores oportunidades de desarrollo. Estos anhelos pueden traducirse en los grandes desafíos del país, entre los cuales el aspecto económico constituye un factor determinante. El Barómetro de las Américas provee indicadores interesantes; por ejemplo, el relacionado con el apoyo a esta forma de gobierno. En una escala de cero a cien, la valoración de la población en este aspecto durante el período 2004-2023 se muestra en la gráfica 1, con un promedio de 60.5.
La concreción de posibilidades que permitan mejores condiciones de vida para toda la población sigue siendo una tarea pendiente. Si bien Guatemala se ha caracterizado, en términos económicos, por su estabilidad, distintivo que ha permitido su resiliencia ante situaciones críticas como las ocurridas en el 2008 y 2009, con la crisis financiera y, más recientemente, con la pandemia, en el 2020, se deben reforzar las acciones en el marco de las políticas públicas para mejorar el entorno socioeconómico que propicie el bienestar y hacer realidad lo que se preceptúa en el artículo primero de la Constitución Política de la República, relativo a la protección a la persona. En la gráfica dos se puede apreciar el comportamiento de la economía a través de las variaciones del producto interno bruto (PIB) real en las últimas décadas, donde son notorias las caídas del 2009 y 2020.
La estabilidad macroeconómica ha sido un ingrediente esencial para amortiguar el impacto negativo de las crisis; sin embargo, no es suficiente para que el crecimiento se refleje en la satisfacción de las necesidades que requiere el desarrollo integral de las personas. En esa línea, es importante recordar la historia reciente, especialmente a las nuevas generaciones, pues solamente hace algunas décadas —1996— se firmaron los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado interno que causó un daño significativo para alcanzar el desarrollo, y que determinaron también los grandes desafíos que se deben superar, muchos de los cuales persisten, probablemente, en diferente dimensión, pero que enmarcan la ruta por seguir para un mejor futuro económico y social.
Dentro de los Acuerdos de Paz resalta el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, que alude a variables del sector fiscal que son determinantes para alcanzar el desarrollo, como los ingresos del Estado y el gasto público.
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Probablemente, el tema de las finanzas públicas provoque emociones contradictorias, porque aborda elementos como la calidad del gasto público, que no es palpable en la mayoría de casos donde se aplica y, entre otros, el tema de los ingresos tributarios equivalentes a los impuestos que hay que pagar y que, naturalmente, incomoda a los ciudadanos.
Además, es importante señalar que para darle seguimiento a lo que se convino en los mencionados acuerdos, en el 2000 se celebró el Pacto Fiscal, un precedente singular respecto de un acuerdo nacional con una visión de país a largo plazo, cuyos principios apuntan hacia la sostenibilidad y fortalecimiento del Estado, en donde la gestión de los recursos públicos constituye el punto neurálgico. Este acuerdo hace recordar que la construcción del desarrollo requiere el compromiso de todos los sectores.
Gasto público
Por el lado del gasto público es necesario mencionar las carencias que existen en áreas importantes para alcanzar el bienestar, y que es hacia donde debería ser dirigido, con especial énfasis en la salud y educación. Con la pandemia, los problemas que se observan en esos ámbitos se exacerbaron. Pero también es preciso reconocer que otros campos de la vida nacional han llamado la atención, como el tema ambiental, directamente asociado con los efectos del cambio climático respecto del cual, en la actualidad, se viven consecuencias negativas.
Si bien Guatemala no pertenece a los países más contaminantes, sí ha sido catalogado como uno de los más vulnerables, lo que dibuja un panorama adverso y demanda prontas acciones de parte de todos los actores sociales.
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Además, persiste un problema socioeconómico que engloba a los ya mencionados: la inseguridad alimentaria y nutricional, cuyo indicador más dramático es la desnutrición crónica, que representa el reto más importante, considerando que afecta a niñas y niños, limitando su desarrollo físico y cognitivo, y que, indudablemente, se relaciona con la pobreza. Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional está asociado con mejorar las acciones en relación con elementos clave como el aprovechamiento biológico de los alimentos, el acceso —físico y económico—, la disponibilidad y el consumo.
Las medidas por implementar para la solución de los problemas que constituyen los principales obstáculos en el camino hacia el desarrollo están determinadas, en buena parte, por los recursos financieros de los que se dispone, especialmente, desde el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. El gasto público, por el que debería iniciarse al plantear una reforma fiscal integral que coadyuve a enfrentar de mejor forma los retos existentes, ha sido lastimado por el flagelo de la corrupción que, a su vez, ha representado un elevado costo de oportunidad para la solución sostenible de los problemas actuales. Además, ha golpeado fuertemente la moral tributaria de la ciudadanía que cumple con sus obligaciones y que se necesita fortalecer a través de la calidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Los ingresos tributarios continúan siendo insuficientes. En la gráfica tres se aprecia su comportamiento en relación con el PIB y se muestra que su nivel no alcanza lo establecido en los Acuerdos de Paz y el Pacto Fiscal.
En su momento deberán tratarse nuevamente opciones serias para fortalecer financieramente al Estado, y no medidas aisladas, que no resuelven de fondo la problemática que implica la necesidad de recursos en varias áreas del desarrollo.
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La población merece ver resultados positivos de lo que aporta al Estado mediante impuestos y, seguramente, le provoca indignación los casos de corrupción que han desviado el destino de cuantiosos recursos, que, por cierto, son escasos ante las grandes necesidades que se presentan.
Otro reto destacado es que el sistema de justicia responda a las necesidades que demanda un estado de Derecho. Es evidente en ese sentido, y pensando en las nuevas generaciones de profesionales a cargo de garantizar esa característica, la necesidad de fortalecer la formación en valores (ética y honestidad), y el papel de las facultades de Derecho de las universidades juega un papel trascendental.
Hay mucho por hacer y cada quien debe aportar algo en la construcción de un país diferente en el cual se hayan superado los problemas que en la actualidad persisten. Las consecuencias de la poca atención a las brechas del desarrollo siguen provocando que, por ejemplo, miles de jóvenes vean las oportunidades de desarrollo fuera del país, incrementando el fenómeno de la migración irregular, corriendo riesgos, siendo el más extremo el de perder la vida en la trayectoria hacia el norte del continente.
De acuerdo con un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, en el que se comparan los censos del 2002 y 2018 en torno al tema de los pueblos indígenas, son los hombres mayas rurales quienes constituyen la mayor parte de la población que ha migrado.
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De ahí la urgencia de motivar la actividad económica, especialmente, a nivel local, para crear empleos que generen ingresos dignos a las familias, propiciando mejores condiciones de vida, con especial atención a la población indígena que por años ha sido desatendida de los beneficios del desarrollo. En ese sentido se consideran positivos los esfuerzos que se llevan a cabo para una mejor coordinación de acciones en ese ámbito.
Remesas familiares
Las remesas familiares, variable relacionada con el tema de la migración, ha sido un amortiguador relevante en la resiliencia económica que se ha observado en los últimos años en el país, y que recuerda la enorme contribución al desarrollo que hacen los guatemaltecos en el exterior, especialmente, desde Estados Unidos. De enero a junio del 2024, según información del Banco de Guatemala, se registró un monto de remesas de US$ 10 mil 271.4 millones.
A lo interno, debe propiciarse un entorno favorable para que los guatemaltecos que reciben esos recursos no solo apoyen el consumo familiar de bienes y servicios, sino, además, puedan destinarlos a la inversión; bien podrían implementarse proyectos de desarrollo local en donde, en conjunto con lo que se emprende en el marco de las microfinanzas, se logren resultados satisfactorios como la reducción de la informalidad económica. La reconfiguración de las cadenas globales de valor abre una interesante posibilidad para el desarrollo local, fortaleciendo, especialmente, la integración económica regional.
Un elemento dinamizador de la economía es la inversión en infraestructura productiva. Se requiere celeridad desde cada espacio, ya sea desde la institucionalidad pública y, por lo que corresponda, desde las empresas contratadas, para dar un salto cualitativo en esa área que es determinante para el desarrollo y que en estos tiempos también demanda una atención especial en el ámbito tecnológico.
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Confianza en el turismo
Un área que ofrece un gran potencial para el desarrollo en las localidades es el turismo, actividad significativamente afectada por la pandemia. La 22 Encuesta Empresarial al Sector de Viajes y Turismo, elaborada por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, en el 2023, identifica los principales factores que afectan al sector, destacando “la infraestructura y la conectividad”, como se aprecia en la gráfica cuatro. Esta identificación orienta en el sentido de las acciones que deben tomarse para mejorar y fortalecer su desempeño.
No deben olvidarse otros temas para lograr el bienestar, como el ordenamiento territorial ante una realidad en donde la población en las zonas urbanas ya supera a la del área rural.
Según los resultados del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, el 54% de la población habita las áreas urbanas y el 46% las rurales, situación que demanda medidas en cuanto a la satisfacción y oferta de servicios básicos como el agua o el transporte, entre otros. Finalmente es necesaria la mención de la población vulnerable como las personas con discapacidad y de la tercera edad, que deben ser objeto de especial atención en el marco de las políticas públicas. Buen momento para evaluar lo que se ha realizado, pero, especialmente, para retomar el camino correcto hacia el desarrollo.
*coordinador del Departamento de Investigación y Consultoría Económica de Asíes / pprado@asies.org
