Josué Morales, gerente del Instituto Nacional de Bosques (Inab), explicó que el próximo paso a seguir, luego de la publicación oficial de la ley en el Diario de Centro América, es la redacción del reglamento, para lo que disponen de 90 días.
“El reglamento debe aprobarlo la Junta Directiva del Inab. En él se establecen los procedimientos y requisitos para los incentivos, entre otros aspectos administrativos”, informó Morales.
Francisco Escobedo, director ejecutivo de la Gremial Forestal, adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), aseguró que con la ley se podrán crear más de 900 mil empleos directos al año, con 1.5 millones de familias beneficiadas, e inyectará Q5 mil millones a la economía rural.
“Por cada Q1 que aporta el incentivo se atraen Q3 de inversión de los usuarios, por eso es una herramienta atractiva”, afirmó el empresario.
Escobedo comentó que uno de los propósitos de la ley es mejorar el incentivo forestal al enmendar errores que se cometieron con el Programa de Incentivos Forestales (Pinfor).
Marco Vinicio Cerezo, presidente de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Asorema), recordó que el Pinfor entraba en fase de cierre en el 2016 y “los dejaría sin el principal instrumento financiero para la reforestación y protección de bosques”.
