El abuso de poder, los negocios marcados por la corrupción y la violación a derechos humanos han recibido un fuerte mensaje del Gobierno de Estados Unidos, que ayer anunció sanciones contra 13 personas, entre ellas la restricción de viajar a ese país, la congelación de sus bienes y la prohibición de entablar negocios con empresas o ciudadanos estadounidenses.

El mensaje de estas primeras acciones del Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado en el marco de la Ley Magnitsky de Responsabilidad Global de Derechos Humanos es contundente, porque entre los sancionados se encuentran tres latinoamericanos, un empresario de la República Dominicana, el presidente del Consejo Electoral Supremo de Nicaragua y el diputado guatemalteco Julio Antonio Juárez Ramírez, del partido oficial FCN-Nación, sindicado de ser el responsable del asesinato de dos periodistas en Mazatenango.

Para quienes respaldan la lucha contra la corrupción y el respeto a los derechos humanos, esta decisión es alentadora porque envía un fuerte mensaje a quienes favorecen la impunidad. Señala así mismo que es posible el imperio de la justicia, lo cual debe tener su contraparte en los sistemas de cada país. La información oficial es clara al advertir de que estas decisiones se toman luego de recabar fuertes evidencias sobre abuso de poder, violación de derechos humanos o corrupción, como lo ilustran las vinculaciones de los tres latinoamericanos mencionados.

En el caso guatemalteco, la penalización contra el diputado Juárez Ramírez envía un poderoso mensaje al sistema de justicia, por estar acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, ataque en el que también murió Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, quienes fueron ultimados en pleno día por un sicario, en Mazatenango. Es una luz de esperanza, además, para que sean castigados los crímenes contra periodistas y al mismo tiempo demuestra otra equivocación del presidente Jimmy Morales, quien en una reciente visita a esa ciudad felicitó al diputado y pidió a los asistentes que le brindaran un aplauso.

Es casi seguro que Juárez Ramírez será el primero de una lista de personas que en Guatemala han tenido una persistente participación en violaciones a derechos humanos, pero donde se estima que más sanciones vendrán es en el campo de la lucha contra la corrupción, otra de las prioridades de Washington para combatir la criminalidad.

El mensaje que ayer envió por medio de Twitter el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, ratifica ese espíritu cuando afirma: “Hoy utilizamos la Ley Global Magnitzky para sancionar a Julio Antonio Juárez Ramírez”. Y agrega: “Estamos firmes en nuestro compromiso de apoyar la lucha contra la impunidad, tanto en Guatemala como en el mundo entero”.

La Ley Magnitzky es una demanda planteada por los congresistas Eliot L. Engel y Edward R. Royce, de la Comisión de Relaciones Exteriores, al secretario de Estado, Rex Tillerson, a quien en una carta enviada en octubre último pidieron aplicar sanciones contra guatemaltecos involucrados en casos de corrupción o en violaciones a derechos humanos, ante lo que ellos calificaron como claros retrocesos observados en Guatemala.