La jueza Claudette Domínguez ha aportado una cuestionable cuota en el desprestigio del Organismo Judicial, al revertir una decisión que ella misma había autorizado y revocar la orden de captura del general Érick Fernando Melgar Padilla, quien había desaparecido del escenario y curiosamente apareció a pocas horas de perder incluso todos sus privilegios militares.

La resolución de la jueza Domínguez es sumamente controversial, porque el caso ha estado rodeado de polémica y cuando era inminente su fallo, el general, que ahora está en la mira de la justicia, se presentó de manera cautelosa al cuartel militar a su cargo, justo minutos antes de que la judicatura resolviera a su favor.

Este nuevo caso, sin duda alguna, profundizará las críticas hacia el sistema porque la jueza incluso pudo haberse extralimitado al asumir de hecho funciones de la Corte de Constitucionalidad y ser la entidad que le diera su particular interpretación a la Carta Magna sobre el derecho de antejuicio que claramente no beneficia al militar, quien está bajo investigación por la muerte de su padre.

En su argumentación, la juzgadora afirmó: “Si bien la Constitución Política no contempla que un juez militar tenga derecho a antejuicio, tampoco lo prohíbe”, lo cual evidencia el nivel de retorcimiento al que pueden llegar en la actualidad muchos de quienes tienen en sus manos la interpretación de la ley y el fortalecimiento de la lucha contra la impunidad.

Es claro que Domínguez podría haber contravenido la Constitución, al asumir esa interpretación antojadiza y en realidad altamente sospechosa, pues el texto es claro en negar el beneficio que ella decidió concederle al militar mencionado, pero además porque tampoco se tomó el tiempo, como le recriminaron el Ministerio Público y la Cicig, para documentarse de manera adecuada respecto del citado privilegio, pues tampoco buscó verificar tal medida en el Organismo Judicial.

Este tipo de resoluciones son las que socavan la poca confianza ciudadana que queda hacia el papel de los jueces, sobre todo en casos en los que se mueven muchos intereses, principalmente aquellos orientados a llevar a niveles intolerables el manto de impunidad.

Con esta acción no solo le ha puesto zancadilla a la persecución jurídica, sino que le ha dado tiempo a los sindicados para urdir otras estrategias leguleyas, como la utilizada esta vez, cuya preparación llevó cuatro días y en cuya lamentable consecuencia aparece una jueza que se muestra poco certera para encarar casos de trascendencia.

El mismo Ejército admitió en un comunicado que el acuerdo gubernativo al que se hace referencia no habla para nada de inmunidad a jueces militares, precisamente porque abusos y hechos criminales dentro de las filas castrenses obligaron a hacer reformas para llevar a la justicia ordinaria a quienes fueran responsables de delitos comunes.

La jueza Domínguez pudo incurrir en serias anomalías, benefició a un sindicado que claramente no goza del derecho de antejuicio y contribuye a la desconfianza sobre el sistema, que sigue dando muestras de operar en sincronía con quienes batallan por mantener la cultura de la impunidad.