Como una oportunidad para reducir la mortalidad materno-infantil se lanzó en 2013, con gran pompa, la Ventana de los Mil Días, iniciativa respaldada por organismos internacionales y cuyo objetivo es satisfacer las necesidades nutricionales de madres y sus bebés desde la etapa de gestación, porque “la desnutrición en niños menores de 2 años tiene efectos irreversibles en el desarrollo físico y mental, y atenta contra el futuro de una sociedad”, como acotó la doctora Guadalupe Verdejo, representante de OPS/OMS. Mucho ha pasado desde entonces y esa estrategia nunca prosperó.

La niñez guatemalteca es el último de los eslabones de la cadena. A ella llegan apenas los sobrantes del banquete y muchas veces ni siquiera eso. Como prioridad cero, tampoco los programas destinados a favorecerla experimentan una fiscalización estricta y, por ende, la desviación de los fondos destinados al desarrollo integral de la niñez pasa por debajo del radar.

Cuando se habla de corrupción se suele enfocar el objetivo en los detalles del saqueo sin poner el dedo en el problema central, que es la impunidad consecuente. Es decir, el pago por los delitos contra la integridad de las instituciones queda como una tarea pendiente mientras la ciudadanía gira su atención hacia otro escándalo y otro más, sucesivamente, perdiendo el hilo esencial de la acción de la justicia por los que ya hicieron titulares de portada.

De ese modo se van acumulando las deudas ante la ley, un nudo gordiano capaz de entorpecer durante décadas todo intento de avance en la labor de la justicia y la reparación de los daños cometidos contra la población, especialmente de menores recursos. Y así como sucede en el caso de este programa tan valioso para las nuevas generaciones, acontece con otros de mayor o menor impacto y queda en el imaginario social la idea de la imposibilidad de luchar contra la impunidad, porque esta es ya parte de una subcultura imperante en todos los ámbitos.

El incumplimiento del programa de los Mil Días se podría catalogar como un crimen de lesa humanidad al condenar a un numeroso grupo de madres e hijos a una desnutrición forzada, privándoles de su derecho a lo que muy claramente les garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 1º. “Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”.

Por si quedara alguna duda, el artículo 2º. insiste: “Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.

Muchos escándalos acaparan titulares. Innumerables casos de corrupción, algunos casi anecdóticos y otros de dimensiones grotescas mantienen en vilo la atención ciudadana. Sin embargo, la pérdida de capacidades físicas y mentales de miles de niñas y niños menores de 2 años, ocasionada por falta de nutrientes y baja calidad de vida, queda únicamente señalada en estadísticas tan frías como insuficientes si se desea dimensionar el problema para ponerle un alto definitivo.

El país ha quedado señalado como uno de los más incumplidos en objetivos mundiales destinados al desarrollo integral de la persona. Sin embargo, no es únicamente por su incapacidad para ejecutar los fondos destinados a programas sociales, sino también porque los presupuestos fluyen hacia destinos ajenos y fuera de la vista pública. Detener el régimen de impunidad es tarea de todos, pero también lo es restaurar la confianza en las instituciones garantes del estado de Derecho.

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