Felipe Gómez Alonzo, el niño de 8 años que salió de Nentón, Huehuetenango, junto a su padre para buscar un cambio de vida en Estados Unidos, se convierte en el nuevo rostro del drama de la migración irregular, que adquiere matices desgarradores, con víctimas inocentes que ni siquiera deberían emprender ese ominoso trayecto.

El pequeño Felipe pasó la Nochebuena bajo custodia de autoridades fronterizas en Nuevo México, y murió en Navidad, cuando de manera simultánea, en otro de los municipios más pobres de Guatemala, Raxruhá, se hacían los preparativos para sepultar a la pequeña Jakelin Caal, quien murió en circunstancias parecidas, también bajo custodia policial, en el mismo estado en que murió el pequeño huehueteco.

La primera y obligada reflexión que debe hacerse al respecto es sobre las condiciones de vida en los municipios de donde partieron los menores junto a sus padres, porque se sabe que son numerosos los casos de personas recorriendo el mismo trayecto, lo cual escandaliza a la sociedad cuando se registra este tipo de víctimas, pues de lo contrario se convierten en otro tipo de estadísticas.

Tanto Felipe como Jakelin estaban en una edad en la que no deberían correr tales riesgos, a los que solo la imprudencia de los padres puede someterlos cuando las condiciones de supervivencia son insostenibles, como ocurre en los lugares más alejados de los centros urbanos y de posibilidades de recibir atención para las necesidades más básicas.

El riesgo de que ocurran más casos como estos persiste porque las mismas autoridades de los municipios involucrados en esos lamentables casos lo saben, pues simplemente al hablar con otros vecinos se puede documentar el incontenible éxodo de guatemaltecos y centroamericanos desesperados por la falta de oportunidades y el histórico abandono gubernamental.

Si bien la cancillería guatemalteca ha pedido una investigación responsable en ambos casos, también se debe estudiar la situación que afrontan los municipios en los cuales se origina la mayor migración irregular. Es lo menos que pueden hacer los funcionarios para implementar políticas de desarrollo, pues en el fondo comparten la responsabilidad por ese drama, sobre todo cuando los recursos públicos se emplean de manera irresponsable en regiones donde la ayuda oficial se convierte en una herramienta clientelar.

La muerte de dos niños guatemaltecos en un infernal recorrido debe avergonzar a las más altas autoridades del país, y también a quienes han perdido toda sensibilidad ante una situación tan dramática como es recibir a pequeños de pocos años y no brindarles la asistencia debida. Eso debe ser motivo de una profunda investigación en EE. UU. y promover cambios inmediatos en el trato a los migrantes.

La migración irregular está poniendo en evidencia las precarias condiciones de desarrollo en estos países, y así como ahora se lamenta la muerte de dos seres inocentes, también se debe recordar que a las puertas de la frontera sur de Estados Unidos se encuentran otros miles de centroamericanos esperando lograr asilo, en una imagen que desnuda el drama de quienes aspiran a un cambio de vida en un territorio cada vez más hostil.