Como si no hubiera sido suficiente el escándalo desatado por el trámite de antejuicio por supuestamente haber recibido fondos ilegales durante la campaña electoral del 2015, el presidente Jimmy Morales está inmerso en un nuevo torbellino, de alcances insospechados, por un inmoral pago que se había mantenido oculto hasta ahora y que recibe de los fondos públicos asignados al Ejército.

El Ministerio de la Defensa ha intentado justificar dicha erogación, aduciendo que es un bono aprobado mediante acuerdo ministerial, lo cual podría ser legal pero es muy discutible y para nada elimina la inmoralidad, porque se intenta explicar que se hace por los “riesgos” corridos por el mandatario como jefe de las fuerzas armadas.

Dicha bonificación, que asciende a 50 mil quetzales mensuales, le ha generado un beneficio al mandatario de 400 mil quetzales durante los últimos ocho meses, sin que exista una razón clara o creíble sobre los motivos que justificaron la acción tomada por el ministro de la Defensa, Williams Mansilla.

Resulta obvio que detrás de esto tiene que existir una perversa intención y un afán de manipular al mandatario, o un tremendo descaro de parte de él para aprovecharse de recursos que claramente son insuficientes para dicho ministerio y ante lo cual han sido reiteradas las acciones del mandatario para asignarle al Ejército tareas ajenas a su función. La última de ellas, ridícula, fue la de enviar a la tropa a bachear carreteras sin que siquiera tuvieran la preparación para dichas labores.

Al mandatario se le ha criticado, justificadamente, por su insistencia en asignar labores extraordinarias al Ejército, porque esto se estaría convirtiendo en una sospechosa e injustificada forma de transferirle recursos, provenientes de otras carteras con tareas específicas, como Gobernación, de donde habrían salido al menos 105 millones de quetzales para Defensa, en detrimento de la lucha contra redes criminales.

Ayer, en un esfuerzo por justificar lo injustificable, el ministro de la Defensa trató de explicar las razones para otorgar dicho bono al mandatario, pero no solo falló en su intento, sino hizo quedar mal a todo el aparato gubernativo, como el hecho de afirmar que una supuesta disponibilidad de recursos permitía ese gasto extraordinario, no recibido por ningún otro gobernante.

Torpes explicaciones, como también lo ha sido una vez más la actitud del presidente Morales de creer que podría tener derecho a un pago adicional por estar en una condición de riesgo, argumento que solo él y los militares que lo aceptaron pudieron haberse creído.

Este nuevo escándalo en torno a la ya debilitada figura presidencial solo abona en un mayor desprestigio, al ser más que vergonzoso que siendo el presidente mejor pagado de Latinoamérica resulte un mayúsculo abuso recibir un sobresueldo.

Mucho menos corresponde al Ejército ni a ningún cuerpo colegiado del Ministerio de la Defensa decidir acerca de sobresueldos para el presidente de la República, quien nunca debió tolerar esa inmoralidad, que en todo caso constituye un abuso de poder y una irresponsabilidad en el manejo de los recursos de los guatemaltecos.