La sentencia condenatoria dictada en el caso Sepur Zarco está llamada a ser uno de los hitos de la historia jurídica del país, pero además a convertirse en la causa por la que la sociedad guatemalteca, analizada en su conjunto, debe enfrentar el conocimiento de realidades que no es posible justificar ni explicar.

Eso mismo ha pasado en otros países, por circunstancias distintas pero igualmente aberrantes, y todos sus ciudadanos han debido compartir la carga de la vergüenza colectiva, hoy despertada en Guatemala.

Se trata de ecos del conflicto armado interno, terminado hace 20 años, pero llevado a cabo por otros 36. Es un hecho del pasado para la mayoría de guatemaltecos, pero se convierte en un elemento del presente cuando hay una confrontación con la justicia.

La esclavitud sexual y doméstica, aunque ha estado presente en la historia de la humidad durante miles de años, es una de las peores manifestaciones de barbarie y por eso no debe quedar sin castigo.

La seriedad de los hechos obliga a mantener esa actitud durante los juicios. Esta vez la sentencia no fue acompañada de muestras de júbilo de la juzgadora, Yassmin Barrios, quien cambió su actitud en el juicio por genocidio hace dos años. Ya hay encendidos debates, sobre todo en las redes sociales. Lo más importante es haber podido efectuar el juicio, no los nombres de los implicados, ni las centenas de años de condena, porque en la práctica es cadena perpetua.

La puerta está abierta para el debate, tanto a escala nacional como internacional, entre quienes consideran la sentencia del jueves como un rotundo revés a la impunidad, y los que buscan acciones legales para que sea anulada por la Corte de Constitucionalidad, como en efecto ocurrió en la sentencia a 80 años por genocidio impuesta por la misma juzgadora al ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt.

La sentencia a 120 años para el el teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y a 240 años para el ex comisionado militar Heriberto Valdés Asij marca un precedente mundial, porque por primera vez se somete a proceso a protagonistas de uno de los bandos en conflicto, que incurrieron en uno de los peores abusos y aberraciones contra mujeres.

El caso cobra relevancia también por el valor de las víctimas para dar testimonio, y es comprensible su decisión de cubrirse el rostro. Nada puede desagraviar ni compensar lo ocurrido, pero ahora las víctimas regresarán a sus comunidades para seguir su vida, con el consuelo de que no quedó impune su indescriptible sufrimiento, que ellas nunca midieron en términos económicos, lo que demuestra su dignidad.

El juicio no implica una persecución contra las fuerzas armadas. La condena castiga a los culpables y sirve para que todos los sectores, especialmente los jóvenes, se interesen en conocer la historia nacional, la correlación de fuerzas políticas de la época, de hechos horrendos como los de esa alejada aldea de Izabal. Conocer eso ayudará a tener base para luchar por una Guatemala donde la justicia castigue a quienes rompen no solo con la ley, sino con las más elementales reglas de humanidad.