El domingo pasado se llevó a cabo la elección en Venezuela por la cual se integraría una Asamblea Constituyente originaria. Si vamos al mandato legal, el presidente Maduro, conforme la constitución venezolana, sí tenía la potestad de hacer la convocatoria.

El problema no está en la convocatoria en sí, sino que los venezolanos se enfrentan a un caso de auténtico fraude constitucional, porque el presidente tomó una decisión fundada en la Constitución, pero en la práctica dicha decisión tiene dos objetivos contrarios a la misma: desconocer a la asamblea legislativa —en su mayoría opositora— e integrar una asamblea con dados cargados porque la oposición está reprimida y hasta en la cárcel.

Una democracia es sana si tiene un sistema electoral sano. Entendemos por sistema electoral el procedimiento por el cual los votos se convierten en cargos de elección popular. Por ejemplo, para escoger presidente en nuestro país tenemos el sistema de mayoría absoluta a dos vueltas, por eso votamos dos veces hasta que se consigue más de la mitad de votos válidos; para escoger diputados y concejales de corporaciones municipales tenemos el sistema de representación de minorías, por eso partidos con pocos votos obtienen escaños en el Congreso y los concejos, mientras que para escoger alcaldes y síndicos basta la mayoría relativa; es decir, un voto de diferencia es suficiente para triunfar.

Los grandes fraudes ya no se hacen cambiando votos en las urnas como lo hacía Arana y Laugerud en Guatemala, o Somoza en Nicaragua. Ahora los fraudes se tejen desde las leyes electorales. Por eso Daniel Ortega gana en Nicaragua. Se bajó el porcentaje de votos requerido para triunfar en primera vuelta y, listo, el voto duro sandinista logró lo que hoy tienen por allá, un 35% fue suficiente.

En Venezuela se convocó a una asamblea integrada por 545 representantes, su composición es lo importante. 364 serían representantes territoriales —división territorial—, pero hay 173 sectoriales, y ¿qué es esto?, pues hay inspiración en el “Corporativismo” (fascismo) y así la asamblea tendrá representantes de distintas “corporaciones” o “sectores”, de la siguiente forma: 79 trabajadores, ocho pescadores y campesinos; cinco empresarios; 28 pensionados; cinco personas con discapacidad; 24 estudiantes y, por último, 24 representantes de consejos comunales y comunas. Cada quien debe registrarse en un sector establecido desde el poder.

Es claro que el oficialismo —suponiendo que la oposición hubiera participado— habría tenido gran mayoría en los “sectores”. Don Rodrigo Borja, en su Enciclopedia de la Política, señala que “para la teoría corporativa la sociedad no es una agregación de individuos, sino la yuxtaposición de corporaciones, y los derechos políticos corresponden a las corporaciones controladas por el poder, y no a las personas individualmente consideradas”.

Una asamblea constituyente, solo con base en este punto, ya tiene pecado de legitimidad. ¿Quién decide qué sector tiene tantos representantes y por qué?

En Venezuela, un tirano de izquierda funciona con impunidad porque su sistema de justicia lo avala y no pone alto, ahora sí hagamos el paralelismo con Guatemala, donde llama la atención que algunos recuerden con tanto fervor a Ubico o a Ríos Montt, cuando ambos en su contexto histórico fueron tiranos que quisieron pasar sobre la institucionalidad republicana y democrática. Sus mandatos deberían tenerse siempre por perversos.

Mientras no entendamos que tiranía es tiranía y que debemos rechazar el abuso del poder, sin importar si es de izquierda o de derecha, jamás podremos construir una sociedad en paz. Además, tampoco vale autodenominarse republicano y democrático cuando se justifican tiranías “porque pusieron orden” o “porque garantizaron la paz”.