La espantosa crisis socioeconómica sigue profundizándose a un ritmo acelerado. El desabastecimiento de bienes básicos, en particular alimentos y medicinas, está creando las condiciones para la multiplicación de saqueos y protestas en todo el país. La inflación galopante se acerca a la hiperinflación y ya vamos en camino a una desastrosa estanflación: hiperinflación más estancamiento casi total de la economía. Venezuela, desafortunadamente, cada día más se acerca al estatus de Estado fallido, que se caracteriza por un fracaso social, político y económico, el Gobierno es tan débil o ineficaz que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio, presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad, no puede proveer servicios básicos, como el agua y la electricidad, provocando brotes de epidemia y la propagación de enfermedades. Además de acercarse al “tipo ideal” de Estado fallido, Venezuela tiene también muchas de las características típicas de un Estado depredador, que se define como aquel donde sus gobernantes se dedican a preservar sus intereses particulares mediante el pillaje, el saqueo impositivo, la devastación de las instituciones y la carencia de una sana división de poderes, imponiendo su poder omnímodo con la sumisión de la Justicia. Este tipo de Estados, obviamente, se caracterizan por altísimos niveles de corrupción e impunidad y tienden a facilitar las actividades de la criminalidad organizada, en particular el narcotráfico.

También la crisis política sigue deteriorándose, el Gobierno, frente a la pavorosa y creciente pérdida del apoyo popular, ha optado por el aumento de la represión a través de la utilización de grupos violentos, que agreden a las manifestaciones de la oposición.

El Gobierno, además, ha decidido desconocer totalmente las atribuciones, poderes y funciones constitucionales del Poder Legislativo, y por tanto violar la voluntad popular abrumadoramente mayoritaria expresada en las urnas el 6 de diciembre. Para lo cual ha utilizado un Tribunal Supremo de Justicia, electo inconstitucionalmente, por una Asamblea Nacional en los estertores de su mandato, sin respetar los tiempos, procedimientos y los requisitos para los cargos.

La comunidad internacional está muy preocupada por la tragedia venezolana, que ya afecta a nuestros socios comerciales por el impago de las deudas y la reducción masiva de las importaciones, pero ahora teme enfrentar las consecuencias de una crisis humanitaria y la consiguiente ola de refugiados. Prácticamente, la totalidad de la comunidad, incluyendo la ONU, la OEA, el Papa, los EE. UU., China y Cuba le están dando el apoyo al proceso de diálogo iniciado con la mediación de Rodríguez Zapatero, Fernández y Torrijos; por tanto, la oposición democrática no puede oponerse a ese proceso. Hay que recordar que en política las negociaciones más importantes son con los enemigos. En Centroamérica, como en Colombia, se iniciaron las negociaciones de paz cuando se seguía disparando. Lo importante es qué y cómo se negocia. El problema es que los tiempos de la crisis socioeconómica son distintos de los tiempos de la crisis política. Los de la primera podrían estar cerca de un estallido, ojalá los actores, internos y externos que manejen los tiempos de la segunda lo entiendan.

@sadiocaracas