De un tiempo para acá los partidarios de la impunidad perdieron definitivamente las formas. No es que se distinguieran por respetar la ley, pero no habían llegado a este punto de descaro, en el que con tal de conseguir sus propósitos hacen uso de todo tipo de artimañas, se saltan los procedimientos, retuercen el contenido de las normas, amenazan públicamente e incluso hacen apología del delito.

En el discurso y en los hechos queda claro que están dispuestos a utilizar cualquier vía con tal de frenar las investigaciones y los procesos penales en los que están involucrados. Cada vez se parecen más a los políticos hondureños que fueron capaces de robarse una elección con tal de mantener los privilegios e inmunidades (¿o impunidades?) que devienen del poder.

A partir de que Álvaro Arzú llamó a utilizar la violencia contra los medios y periodistas independientes, se han sucedido una serie de acontecimientos que lo confirman. Ahí tienen ustedes la condecoración que el ejército le dio a la canciller Sandra Jovel por su “servicio a la patria” después del vergonzoso viaje en el que fue a ratificar ante el secretario general de la ONU la exigencia de despedir a Iván Velásquez de la Cicig, recibiendo por respuesta un “hasta siempre” del funcionario internacional.

O la resolución de la jueza Claudette Domínguez que dejó sin efecto la orden de captura contra el general Érick Melgar Padilla, argumentando que el acusado goza de derecho de antejuicio por pertenecer a un tribunal militar, ya que si bien la Constitución no lo establece, tampoco lo prohíbe.

Pero por si había alguna duda, los diputados terminaron de despejarla con la citación que hicieron al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, para que se presente al pleno del Legislativo este martes y así “acallar una voz que por razón de su cargo tiene prestigio y autoridad”, como señala el comunicado del presidente de la Conferencia Episcopal que se hizo público este sábado.

“Nos parece sospechosa, mal intencionada e incorrecta la manipulación de este hecho alentada por algunos diputados firmantes del llamado pacto de corruptos”, se lee en el texto, lo que no viene sino a confirmar que esto es una estrategia más del bloque pro-impunidad, al igual que la declaratoria de persona non grata del comisionado Velásquez y el intento por prohibirle entrar al país; la tentativa de declarar interdicta a la magistrada del tribunal constitucional Gloria Porras o la intención de procesar a la fiscal general, Thelma Aldana.

La ira de los diputados contra el PDH es de tal magnitud que hicieron caso omiso de la disposición que señala que la única sala del Congreso que puede citarlo es la de Derechos Humanos y obviaron seguir lo establecido en el artículo 32 constitucional que dice textualmente que “no es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia”. Pero no es de extrañar porque están acostumbrados a hacer lo que les viene en gana en lugar de lo que la ley les faculta.

A Jordán Rodas no le están cobrando su presencia en la Plaza, le quieren pasar la factura por haber impedido por la vía de un amparo que Jimmy Morales concretara su intención de sacar del país a Iván Velásquez y, más aún, su “deslealtad” porque en lugar de responder a los intereses de quienes lo eligieron Procurador (es decir, los “honorables” diputados), se sumó al “bando” de quienes apoyan la lucha contra la corrupción y la impunidad. En resumen, se sienten “engañados” y quieren cobrar venganza.

@MarielosMonzon