Las carreteras del país están colapsadas. Si se hace un viaje hacia cualquier dirección, lo más seguro es que se encuentre carreteras sin mantenimiento. Es desesperante tener que lidiar con múltiples agujeros, e inevitable caer en varios de ellos al no existir posibilidad de esquivarlos por la cantidad existente. El deterioro de los vehículos se acelera, por los daños que se les provoca al transitar. Algunos bromean que, tras el abandono del mantenimiento de las carreteras por el gobierno, se ha creado un nuevo empleo informal para personas desempleadas y en estado de precariedad: tapar hoyos con tierra en el día y destaparlos en la noche, para colocarse en la carretera a pedir dinero, en algunos casos en forma pacífica y en otras en forma violenta. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ha sido incapaz de construir la infraestructura vial que este país necesita y ha descuidado el mantenimiento de la existente. En los diferentes gobiernos se ha convertido en un botín para funcionarios inescrupulosos, o un trampolín político para pretensiones electorales.

Según una investigación realizada por Fundesa y presentada en el Enade 2017, no se ha construido ningún kilómetro adicional de carreteras en los últimos cinco años. Entre 1985 y 2013 se aumentó pobremente la infraestructura vial en promedio 200 kilómetros por año. Nos quedamos rezagados respecto a otros países. Si comparamos con Centroamérica. El país cuenta con índices raquíticos respecto a su Infraestructura Vial. Guatemala tiene un metro de red vial pavimentada y de terracería por habitante, mientras que El Salvador, 2.3; Costa Rica, 8.7 y Nicaragua, 3.9. Con Estados Unidos la diferencia es abismal, pues este país tiene 20.5 metros por habitante. El atraso lo observamos también si vemos los metros de carretera por superficie país. Guatemala tiene 151.14 metros de red vial por kilómetro cuadrado de superficie mientras que Costa Rica tiene 830.3; El Salvador, 719.5 y Nicaragua, 185.14.

Se carece de planificación y se responde tibiamente únicamente ante emergencias. Fundesa persuadió a un grupo de 15 diputados para presentar la iniciativa 5431, ley de infraestructura vial, la que pretende crear la superintendencia de infraestructura vial. Siendo esta la única propuesta presentada para atender el problema. Desde diferentes sectores se ha manifestado el apoyo a esta iniciativa, pero también el rechazo ante el miedo de la privatización de las carreteras. La realidad es que, ante la inacción del gobierno en este tema, debiera dársele el beneficio de la duda a esta propuesta. Lo que sí debe cuidarse es anteponer el beneficio común antes que el particular, y dejar bien establecidas las reglas de licitación, en qué casos procede y cuáles no el cobro de peajes, así como responsabilizar a la institución del mantenimiento.

Mientras se consensua una solución de largo plazo, la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) está realizando acciones para paliar la situación, por de pronto, concesionó la autopista hacia Puerto Quetzal, que es urgente reacondicionar. La Vía Alterna al Sur (VAS) está ya funcionando, esto demuestra que carreteras privadas como estás sí pueden funcionar. Considero que, aunque estas acciones no son las ideales para un país en vías de desarrollo como el nuestro, sí contribuirán para que no se paralice, situación a la que llegaremos si continuamos en la dirección que llevamos. Si criticamos debemos proponer, porque la crítica sin propuesta es irresponsable.