El resultado de la investigación del asesinato de dos periodistas, cometido hace dos años, en Mazatenango, reafirma una vez más cómo muchos personajes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han tocado fondo corrupto, producto de la nefasta descomposición política.

Merecen respeto, admiración y agradecimiento de la ciudadanía honrada los gobernantes, funcionarios, diputados, magistrados, jueces, empleados y policías probos, dignos, honestos y responsables que han cumplido con su deber.

Buena cantidad de quienes triste y repudiablemente han manchado de negro y encallejonado en la impunidad a nuestro país están tras la rejas y son enjuiciados por estricta acción del Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, instituciones policiales y demás entes investigativos.

Importantísimo es que las investigaciones, capturas y procesos penales cuenten con sustento probatorio, para evitar acusar a gente inocente que jamás podrá reparar el descrédito, como los empleados firmantes de documentos comprometedores por exigencia de sus jefes corruptos.

Cuando se produjo en Mazatenango el asesinato de Danilo Zapón López, corresponsal de Prensa Libre, fue publicada la participación de funcionarios como presuntos intelectuales del crimen, pero como siempre ha sucedido en nuestro país, fueron protegidos por poderosos, mientras el crimen quedaba en el olvido. Dos años después son señalados un exalcalde y actual diputado oficialista y una excandidata edilicia.

Este asesinato también se cobró la vida de Federico Salazar, corresponsal de Radio Nuevo Mundo y quedó herido de bala Marvin Israel Túnchez, comunicador local. Tres presuntos asesinos fueron capturados y procesados, y están pendientes de condena, y tres sicarios siguen prófugos. Muchos otros crímenes, atentados y amenazas contra periodistas han quedado en el olvido, particularmente en departamentos, donde están expuestos a las acometidas irracionales de políticos y poderosos intocables, quienes saben dónde viven, trabajan y se desenvuelven.

Tan delicada situación obliga a insistir en el Programa de Protección a Periodistas impulsado por un valioso frente nacional encabezado por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), con la coordinación de la colega Ileana Alamilla y el apoyo de entidades gremiales, medios de comunicación, agrupaciones departamentales y organizaciones internacionales. Esta gestión está pendiente de ser aprobada por el Gobierno, tras aclararse la acción negativa mantenida por algún funcionario.