La lucha por las mejoras del Magisterio Nacional se puede leer desde diferentes perspectivas. Primero, en términos de derechos y reivindicaciones laborales, es justo el reclamo de los maestros, por lo menos de lo que se sabe hasta ahora: 5% de incremento al salario, un bono anual de Q2,500.0 y licencia de maternidad de 80 días.

Ahora bien, estas mejoras se exigen al mismo tiempo en que el Ministerio de Educación está retrocediendo en sus tasas de escolarización de educación primaria y sin que la sociedad conozca, de parte del ministro, si el incremento salarial es parte de una estrategia más integral —más y mejores instalaciones, libros y útiles escolares, alimentación y supervisión— para poder mejorar la calidad educativa e intentar llevar y retener en las aulas a los 4.1 millones de niñas, niños y adolescentes que hoy están fuera.

En términos políticos, el Magisterio Nacional siempre ha sido una fuerza que ha empujado la democratización. Sin embargo, y muy infortunadamente, llevamos muchos años de un liderazgo magisterial oportunista, que vende la fuerza del Magisterio al mejor postor —sea este Otto Pérez, Álvaro Colom o Jimmy Morales—, convirtiendo al movimiento magisterial en una masa que se mueve para buscar la aprobación de préstamos o para “demostrar” que gobiernos corruptos cuentan con su respaldo. Algo deben hacer los maestros para que también a su gremio le llegue la hora de cambiar rostros y formas para participar con legitimidad y crédito en la vida nacional.

En lo económico, si bien los salarios —aunque para nada exorbitantes— de los 134,000 trabajadores del Ministerio de Educación constituyen un motor que dinamiza el consumo en sus territorios y garantiza cierto bienestar material en miles de hogares guatemaltecos, en lo fiscal, cada aumento salarial, por mínimo que sea, obliga a buscar significativos recursos para su financiamiento. Ahora, en el Congreso se está debatiendo una ampliación al presupuesto de ingresos y gastos del Estado (iniciativa 5438), por Q961.8 millones, que permita este año financiar el costo del Pacto Colectivo del Ministerio de Educación. En ese sentido, la autoridades fiscales esperan que la baja meta de recaudación impuesta para este año sea superada, lo que seguramente se cumplirá con un excedente de aproximadamente Q1,500.2 millones. Sin embargo, las rigideces legales (destinos específicos) que tienen los ingresos tributarios, suman cerca de Q887.7 millones. Como resultado, los recursos que podrían utilizarse para la ampliación del presupuesto con el objetivo de financiar la mejora de sueldos, salarios y otros beneficios para los trabajadores y funcionarios del Ministerio de Educación serán aproximadamente Q612.5 millones, quedando pendientes de financiar Q349.8 millones.

Los maestros han decidido reiniciar las clases, tras tres semanas de haber cambiado las aulas por las calles y la Plaza de la Constitución, pero todavía no hay solución para sus exigencias. Para encontrar soluciones al reclamo magisterial, a pesar de la debilidad técnica y política del gobierno actual, esta coyuntura debería servir para lograr un Pacto educativo nacional de largo plazo, con un horizonte de 20 años por lo menos, con respuestas concretas para aumentar la cobertura, calidad y pertinencia educativa, mejorar la calidad de vida de los maestros, continuar su profesionalización, y acordar un plan de financiamiento. Este Pacto debería ayudarnos a comprender lo vital que son la educación y los maestros en la construcción de una sociedad democrática y con oportunidades para el desarrollo.

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