Bernal Tiul Chacach, de solo 4 años, tenía un cruel cáncer óseo, seguramente mortal y ejemplificaba la realidad de demasiados niños guatemaltecos, expuestos desde tierna edad a la muerte. Ahora le tocó ejemplificar hasta dónde pueden llegar las exigencias de grupos fanáticos porque llevan a cualquier consecuencia y, por tanto, a acciones como impedir el paso de vehículos y personas por las carreteras del país. Codeca es una entidad acusada de recibir financiamiento ideológicamente motivado desde el exterior, lo cual sus dirigentes nunca han negado. Desde la perspectiva de ver los movimientos sociales desde la confortable altura de los criterios ideológicos de cualquier laya, los dramas humanos desaparecen al ser convertidos en cifras no solo frías, sino casi inhumanas. Son una especie de “bajas colaterales”, como dice el lenguaje castrense en todo el mundo.

La foto de Bernal, publicada ayer, era sobrecogedora en su dureza. Un pequeño ataúd blanco, dos botes de plástico con flores, y una despintada mesa de pino en el suelo de tierra de un cuarto vacío perteneciente a una vivienda hecha con maderas en cuyos lados penetraba la luz del día. El Procurador de los Derechos Humanos se limitó a señalar su condena hasta ayer por la muerte del niño, pero quedó en extraño silencio respecto a los responsables de detener el paso del autobús donde la madre llevaba al pequeño. En las poco confiables redes sociales se informó de una presunta preocupación de la entidad porque uno de los manifestantes haya sido golpeado, pero no ha sido confirmado por fuentes serias. Demuestra, de nuevo, el peligro de esas redes.

El silencio de la PDH también se hizo notorio en lo ocurrido en Zacapa, donde un grupo de personas víctimas de la detención arbitraria del paso vehicular, impidió de manera muy cercana a la violencia la acción de los integrantes de Codeca. Este es ejemplo de la desesperación de la gente ante las acciones de grupos cuya manera de protestar los convierte en virtuales enemigos de quienes se ven obligados a llevar el sustento a sus hogares a pesar de los numerosos problemas sociales del país, a la difícil situación económica y a las trabas cada vez mayores y en más cantidad, de las condiciones para crear centros laborales de cualquier nivel. Ese silencio solo se puede interpretar como una actitud de desapego a los derechos humanos de la mayoría.

Los dirigentes de cualquier grupo causante de acciones derivadas en violencia deben ser responsabilizados, para de esa manera obligarlos a convertirse en los guardianes del orden y al mismo tiempo permitirle a los ciudadanos afectados saber contra quién pueden iniciar acciones legales. Si grupos como Codeca y otros denuncian la violación de las leyes cuando son las víctimas, no pueden justificar la actitud de romperlas. Robar la luz, causar daños económicos irremediables, pero sobre todo, como en este caso, provocar directa o indirectamente la muerte de inocentes, no deberían quedar en la impunidad. Por eso, entre los castigos debería estar obligarlos a ir con familiares, la madre en este caso, a explicarles la justificación de sus actos o pedirles perdón.

Muchos sectores deben hacer algo, empezando por la aplicación de las leyes para evitar los abusos en este tipo de protestas; fiscalizar la participación y el financiamiento de extranjeros, así como la representatividad jurídica de las organizaciones y sus dirigentes. Además velar por la prohibición de llevar niños a las manifestaciones, las cuales deberían ser autorizadas, y no como ocurre ahora: las autoridades son simplemente informadas de la decisión de alguien de organizar algo. Las organizaciones no gubernativas llegaron a Guatemala con la idea de un beneficio a causa de la voluntariedad de sus participantes, pero cuando quienes intervienen obtienen beneficios económicos, el asunto cambia, como cuando las autoridades no actúan por temor a sercastigadas.