Cada gaveta que se abre en la administración pública depara sorpresas desagradables, no solo por las consabidas prácticas de corrupción, sino porque en muchos escenarios conviven otras actividades ilícitas o se evidencia la simple debacle institucional, como ocurre en la portuaria Santo Tomás, a juzgar por las denuncias del jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria.

Juan Francisco Solórzano Foppa declaró a este medio que fijaba seis meses de plazo para mejorar los sistemas de controles en los puertos del país, pero sobre todo los de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, donde virtualmente la administración sobre el flujo de mercaderías está en manos desconocidas o nadie parece asumir la responsabilidad sobre una serie de irregularidades en esas instalaciones.

Las declaraciones de Solórzano Foppa no extrañan porque son múltiples los rumores y las quejas de numerosas personas sobre denuncias de que en el sistema de aduanas del país nada ha cambiado y, por el contrario, algunos procedimientos habrían incrementado los pagos ilegales, lo cual va en detrimento de la recaudación tributaria.

Lo extraño es que no se proceda con mayor celeridad a desmantelar esas estructuras, caracterizadas por un enorme dominio sobre el flujo de diversas mercancías, más aún cuando el jefe de la SAT afirma que desde hace un año ha hecho requerimientos de mejora y los responsables apenas si se dan por enterados.

Perder el control o ejercerlo a medias sobre el sistema portuario nacional es el equivalente a una complicidad con muchos de los ilícitos que allí ocurren, los cuales precisamente dieron origen, hace poco más de dos años, a una de las purgas más impresionantes que la justicia guatemalteca ha llevado a cabo en la administración pública, mediante la cual terminaron en la cárcel los máximos jerarcas del partido más corrupto de la historia nacional.

Con esos antecedentes, más el conocimiento de que conocidas figuras cercanas a políticos y gobernantes controlan áreas estratégicas en el sistema portuario nacional y consecuentemente del comercio interregional, se acentúa la necesidad de presionar a las autoridades para no ceder en el paso que se ha dado hacia la recuperación del control sobre el tránsito aduanero, no solo por el evidente funcionamiento de mafias, sino por lo delicado de dejar en manos insospechadas la administración o control de los puertos.

No solo son riesgos en seguridad los que afloran en ese tránsito descontrolado de productos, sino que el país también pierde recursos al no recaudar impuestos de un millonario comercio que está en manos insospechadas. Solórzano Foppa declara que un 79.5 por ciento de las importaciones y exportaciones están bajo el control de esas terminales, razón suficiente para acelerar su recuperación.

Acciones de sabotaje reconocidas en Santo Tomás contra los controles oficiales justifican la recuperación de esos puntos vitales, lo cual debe ser una tarea prioritaria antes de plantear opciones que podrían beneficiar a otros países, porque a la vez se les estaría dando una mayor ventaja a estructuras mafiosas enquistadas en entes neurálgicos para la economía nacional.