Tres factores confluyen para acrecentar la vulnerabilidad de miles de guatemaltecos. Por un lado, la geografía y la topografía del país, a lo que se suma la precariedad en la que viven miles de familias que terminan ubicándose donde las posibilidades se lo permiten, sin medir el peligro al que se exponen.

Pero quizá el más determinante es el papel que juegan las autoridades en la formación de esos asentamientos, que constituyen un riesgo inminente por los lugares donde se ubican y porque la mayor atención que reciben de las autoridades es regularizar su situación para que rápidamente ingresen en los registros y puedan ser sujetos del cobro de tasas municipales.

Es tanta la ineficiencia del Estado que este país ni siquiera cuenta con un código de construcción, y hasta ahora algunas edificaciones se rigen por normas municipales que pueden variar sensiblemente de acuerdo con la región. Esto, en el mejor de los casos, pero en muchos otros lo que se privilegia es el cobro de las licencias de construcción, con muy pocas o ninguna exigencia.

Esa falta generalizada de liderazgo y el aprovechamiento de las circunstancias obliga a que se supere la típica actitud de esperar a que ocurra una tragedia para actuar, y empezar ya a trabajar en un proyecto que establezca normas de estricto cumplimiento para todo el país, con la participación, por supuesto, de autoridades ediles y de profesionales expertos en la materia.

A la par de un código de construcción también deben actualizarse los reglamentos municipales, para que vayan en consonancia con el riesgo en el que viven miles de personas en la periferia de los grandes centros urbanos. Pero sobre todo hay que fortalecer la labor que debe desempeñar en la enorme vulnerabilidad del territorio guatemalteco la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), ya que, como sucede con las comunas, se encuentra maniatada para evitar tragedias.

En días recientes, las autoridades de la Conred advirtieron a vecinos de la colonia Jesús de la Buena Esperanza, zona 6, que deben abandonar al menos 30 inmuebles en un sector cercano al puente Belice porque es inhabitable, debido a la formación de una grieta en la parte alta de la ladera. Lejos de acatar la recomendación, varios residentes salieron a bloquear la calle Martí, en protesta porque les cortaron el servicio de agua.

Por su parte, el secretario de la Municipalidad de Villa Nueva decía un día después de la tragedia ocurrida en Santa Isabel 2 que han identificado otros cinco asentamientos en riesgo, pero que no tienen ninguna facultad para actuar, sino solo para emitir recomendaciones.

Consecuentemente, tampoco se pueden emprender acciones para desalojar las áreas de mayor riesgo si antes no se toman acciones que provean de soluciones satisfactorias, y eso solo ocurrirá cuando el Gobierno central se involucre en planos de corto y largo plazos para reducir la siniestralidad.

Algo se debe hacer, porque solo en el área metropolitana existen más de 300 zonas de alto riesgo, y ese es un registro demasiado elevado como para no prestarle atención.