La economía guatemalteca se paralizó y no se perfilan proyectos que representen más inversiones. Las empresas más grandes experimentaron en el 2017 los mismos efectos: baja en la facturación, problemas de liquidez y severos procesos de reducción de gastos. Las medianas y pequeñas empresas sufrieron con más rigor los efectos de una economía en agonía. La SAT y el Registro Mercantil atestiguan a diario el cierre indetenible de pymes que no pueden seguir operando en las actuales condiciones. Según el FMI y el BM, a ese ritmo Guatemala tardaría más de 40 años para duplicar su actual PIB. Los indicadores sociales más importantes (educación, salud, servicios básicos y empleo) muestran retrocesos. En un contexto así, la esperanza radicaría en que la dirección política e institucional del Estado estuviese ya en manos de funcionarios experimentados y comprometidos con las profundas transformaciones socioeconómicas que nuestro país necesita, pero ocurre lo contrario. Los tres organismos del Estado están plagados de ineficiencia, irresponsabilidad y corrupción.

En ese contexto las próximas elecciones podrían ser ese puente para optar entre una institucionalidad fallida cooptada por la ineficiencia y la corrupción y un nuevo modelo político, en donde las instituciones del Estado por fin demuestren logros y prometedores avances. Dos posibilidades existen entonces: 1. Que las elecciones se realicen como un ritual consuetudinario amparado por un TSE acomodado al viejo modelo, en donde la partidocracia corrupta se dispute los puestos públicos, siempre sometida a los financistas tradicionales que consideran al sistema electoral como un casino en un contexto de compra-venta de voluntades al mejor postor. 2. Que a pesar de la existencia de ese modelo electoral viciado, sorprenda la participación de un gran frente político y social nacional, que implique un nuevo liderazgo que garantice la existencia de una agenda de Estado sustentada mediante una amplia base social. Agenda que articule de inmediato una política pública para reducir la pobreza, la reforma integral del Estado, inversiones responsables y una revolución en la infraestructura nacional. El Fupa (Frente Unido de Partidos Arevalistas) podría ser el paradigma a seguir.

Ese frente político y social nacional debe dar paso a todas las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con las profundas transformaciones socioeconómicas que la historia guatemalteca reclama, debe habilitar el ingreso de todas las organizaciones campesinas que claman por mayor equidad y justicia social, a los académicos, las universidades, empresarios honestos, maestros y estudiantes. Ese frente deberá ser la respuesta a la partidocracia corrupta tradicional, que en ese contexto será derrotada abrumadoramente. Los ejes transversales de ese movimiento deben ser: 1. Dar prioridad al interés nacional. 2. Conciliar todos los intereses sectoriales en un marco de negociación comprometida buscando un gran acuerdo intersectorial. 3. Elegir democráticamente a los líderes del frente, dando énfasis a la experiencia, la honorabilidad y el compromiso demostrado. 4. Que el objetivo sea arrasar en el proceso electoral para conquistar el organismo Ejecutivo, la mayoría parlamentaria y municipal a nivel nacional.

Hay ya dos intentos incipientes pero prometedores que pueden dar paso a ese objetivo: la Asamblea Ciudadana y el Frente Ciudadano contra la Corrupción. ¿Podrían unirse ambos?

El compromiso y la voluntad para lograr la construcción de una nueva Guatemala están latentes. Hay esperanza y eso anima para no claudicar.

manuelvillacorta@yahoo.com