Se trata del más sorprendente hecho político de la historia de los partidos políticos nacionales: el Frente de Convergencia Nacional y la Unidad Nacional de la Esperanza están al borde de ser cancelados por el Tribunal Supremo Electoral, porque habrían incurrido en financiamiento ilícito en campañas eleccionarias durante el proceso efectuado en 2015. Aunque ahora se abre paso a las apelaciones, el golpe es mortal y constituye una dura lección para quienes se dedican a la política.

Es un hecho que también causa incredulidad porque se trata de los dos partidos que en los anteriores comicios compitieron por la primera magistratura de la Nación. El actual presidente de la República, Jimmy Morales, y la excandidata Sandra Torres Casanova, recién reelecta secretaria general de la agrupación en la que ha mandado de manera autoritaria, como es el caso de la mayoría de partidos que han nacido y muerto en la vida política nacional posterior a 1985.

El caso es patético porque Líder, el partido que compitió sin éxito con los dos mencionados en la primera vuelta del 2015, ya fue desintegrado legalmente hace pocas semanas por el TSE, al igual que el Patriota, como consecuencia de la misma grave falta. Y es indudable que si continuaran esas investigaciones, otras agrupaciones correrían la misma suerte.

Todos estos partidos arrastran el agravante de no poder justificar cómo financiaron sus campañas electorales y sobre todo los generosos espacios que recibían por parte de los canales del mexicano Ángel Remigio González, un detalle que el Registro de Ciudadanos menciona en su evaluación del partido UNE, que no puede justificar una millonaria contribución en espacio y que el mismo TSE afirma que los medios citados no tienen ningún registro.

Por estas causas, la decisión del TSE tiene efectos mucho más profundos, que provocarán que los dos partidos eliminados empleen la vasta experiencia de algunos de sus dirigentes y figuras sobresalientes para entrampar la decisión definitiva por medio de medidas legales de toda clase, lo cual tampoco será fácil, pues en los dos hoy cuestionados ahora existe una profunda división porque sus dirigentes o principales colaboradores están prófugos o en prisión.

Poca duda cabe, es el inicio de una batalla legal también sin precedentes. Pero debe ser considerada otro paso hacia la depuración de los partidos, ahora integrados en su mayoría por personas sin deseo alguno de representar y defender los intereses nacionales. Queda comprobado también que los demás partidos y sus dirigentes deben comenzar a entender que el país se encuentra en una ruta de cambios imposible de detener, aunque hagan esfuerzos gigantescos. El TSE, con su decisión, avanza en retomar la confiabilidad otorgada por los ciudadanos en los primeros lustros de su vida.

Es casi seguro también que esta acción por parte de las autoridades electorales tenga repercusiones en el Congreso, porque alrededor de 70 diputados se quedarían en calidad de independientes, hecho que les afecta porque los deja imposibilitados para presidir comisiones o ejercer como jefes de bloques, lo cual implica quedarse sin asesores, sin acceso a cajas chicas y sin agrupaciones con las cuales participar en la próxima contienda electoral.