América es el continente donde la República, desde sus respectivas guerras y movimientos independentistas, se adoptó como forma de gobierno en su máxima expresión.

La República descansa en varios conceptos fundamentales, pero sobre todo encontramos que uno de sus cimientos básicos es la igualdad ante la ley. Por ejemplo, nuestra Constitución señala que “En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos”. En España, por citar un ejemplo de un sistema que no es republicano, el artículo 56 de su constitución dice: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Toda monarquía no puede adoptar el concepto republicano de igualdad ante la ley porque es contrario a su noción elemental.

El antejuicio es un privilegio que se le concede a una persona por el cargo que ocupa. Una vez deja el cargo, no tiene el privilegio. El antejuicio es una garantía conferida a determinados funcionarios y dignatarios para no ser sometidos a proceso penal si no existe declaración de un órgano específico de la existencia de indicios delictivos y así conseguir luz verde a un proceso penal común y corriente.

En los siglos 18 y 19 se dieron grandes movimientos en los cuales se diseñó la república moderna, la revolución norteamericana y francesa son dos de ellos, sin embargo el punto central es que la igualdad ante la ley es fundamental y por ello esta igualdad es considerada un derecho humano.

El Estado de Guatemala, nos guste o no, sea necesaria o no, eso poco importa para estas líneas, se obligó con Naciones Unidas con la creación de Cicig y las funciones de la comisión están enmarcadas dentro de un convenio que fija las reglas.

El gobierno de la República, en su dinámica, brindó un nuevo mensaje contra la comisión porque “revoca y deniega” visas a personas que investigaron al presidente y sus parientes en sus acusaciones judiciales; al vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, en su retahíla de señalamientos, o bien a la exmagistrada de la Corte Suprema Blanca Stalling o a las ex autoridades ediles de Quetzaltenango, y, por supuesto, la decisión tiene un barniz de legalidad porque ávidos abogados han sido capaces hasta de defender desobediencias a la Corte de Constitucionalidad con argumentos “legales”.

En el fondo, no hay que ser jurista para saberlo, existe una represalia en contra de personas que investigaron casos que tienen efectos políticos y esto es atentar contra la República, porque si esto lo pudiéramos hacer todos los ciudadanos frente a una investigación criminal seguramente lo haríamos y romperíamos el concepto de igualdad ante la ley. Nuestro país tiene grandes problemas en su sistema republicano, pero reprimir investigaciones criminales, por cualquier concepto, porque se tocan fibras íntimas del poder es deleznable bajo el concepto de República.

Una república descansa en la independencia de los poderes, pero sobre todo también en el respeto a los órganos de control. Hoy vemos un gobierno que atenta contra la independencia de la Corte de Constitucionalidad, procurador de los Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral y, como guinda de pastel, investigadores de Cicig, pero además nos brinda el mensaje de que la ley es optativa en las partes que nos conviene y en las que no, pues dejamos de cumplirla y ya.

En España, el cuñado del rey enfrentó proceso penal y está sancionado; de hecho, el personaje es un paria en la familia real, y acá en nuestro país los antejuicios son eternos porque todos quieren parecerse al rey y no ser responsables, pero lo más triste es que “ciudadanos de bien” aplauden la desigualdad ante la ley en la República y una república no puede construirse con reyecitos de ocasión.

@Alex_balsells