Se agotan las posibilidades para la magistrada Blanca Stalling de salir airosa. Ayer, la Comisión Pesquisidora, integrada por representantes de distintas bancadas del Congreso, recomendó de manera unánime retirarle la inmunidad a la actual integrante de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que su accionar sea investigado como el de una persona común.

La brasa se encuentra ahora en el pleno del Legislativo, donde la recomendación de la Pesquisidora deberá ser avalada o rechazada. Esto solo con la participación mayoritaria de los diputados, que deben simplemente evaluar si se ponen del lado de la justicia o se enlodan al respaldar a uno de los personajes más cuestionados del Poder Judicial.

Lo más probable es que ocurra lo primero, es decir que la mayoría de los diputados opten por ubicarse del lado correcto de la historia y le den la oportunidad al sistema de justicia para demostrar en las instancias respectivas que sus señalamientos son justificados y por esa causa procede una investigación imparcial contra de la magistrada en cuestión.

Hasta ahora, en los pocos casos que el Congreso ha decidido en el pleno, nadie se ha salvado de enfrentar a la justicia, ni siquiera el expresidente Otto Pérez Molina. Es muy probable que esto pueda ocurrir en las sesiones que debe celebrar el Congreso este día o el próximo martes y que la integrante de la CSJ sea despojada de su derecho de antejuicio y pueda abrirse una investigación sin limitaciones, con el objetivo de esclarecer su grado de culpabilidad.

En otros casos distintos, dos magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia han renunciado a sus cargos, Vladimir Aguilar y Douglas Charchal, y lo hicieron en el momento en que perdieron su inmunidad. No buscaron entorpecer esa decisión y se sometieron de inmediato al imperio de la justicia. Es de esperar, si cabe algo de dignidad en la magistrada Stalling, que haga lo mismo y que presente su renuncia si, como debe ser, el Congreso de la República falla en su contra.

Esto solamente podría dejar de ocurrir si oscuros intereses no se interponen de nuevo en la marcha de la historia, pues sería mucho más penoso que los diputados pretendan amparar a una de los personajes más cuestionados del sistema de justicia guatemalteco, que no solo arrastra numerosos señalamientos, sino habría sido incluso la responsable de que el pleno de la CSJ haya incurrido en elegir a una persona mediante un procedimiento irregular, como lo acaba de documentar la Corte de Constitucionalidad.

La única opción que le queda al Legislativo es la de no entorpecer las investigaciones sobre la cuestionada integrante de la CSJ y, en consecuencia, sería mucho más imprudente que se produjera un voto en contra de los requerimientos del Ministerio Público y la Cicig, que buscan investigar sin cortapisas a una de las figuras más emblemáticas del Poder Judicial.

Los cargos que pesan sobre ella son muy serios y están estrechamente relacionados con la degradación institucional que ha sufrido el país durante los últimos meses, otra evidencia de los altos niveles de corrupción imperante y que hacen más creíble la cooptación del Estado.