Desde el 2006, entidades expertas en temas digitales, agrupadas en la APC (Asociación para el Progreso de las Comunicaciones),  se reunieron para exponer temas y principios que expresan los puntos de vista y los objetivos con relación a los derechos de los pueblos y las organizaciones a usar libremente la internet, sobre todo para su trabajo en pro de la justicia social, económica y ambiental, pretensión que concretaron en una carta sobre derechos en internet.

Lo anteriormente referido es la introducción al documento que aborda temas que las personas, los medios comunitarios, los organismos reguladores y los responsables de políticas deben considerar en relación con la protección del derecho a comunicarse libremente y desarrollar su potencial para crear un mundo mejor informado y más justo.

La carta de APC sobre derechos en internet se inspiró en otros documentos relativos al tema y toma en cuenta la discusión sobre el uso de dicho recurso como bien público global, considerado por los miembros de esa Asociación como un espacio público global que debe ser abierto, asequible y accesible para todas las personas. Indican que, esta, como otras tecnologías de la información y comunicación, puede ser una poderosa herramienta de movilización social y desarrollo, resistencia a la injusticia y expresión de diferencias y creatividad.

APC cree que la capacidad para intercambiar información y comunicarse libremente usando internet es fundamental para la realización de los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por lo cual es indispensable que se reconozcan protejan y respeten derechos como el acceso universal a internet, el derecho a acceder a la infraestructura sin importar dónde se viva; el derecho a los conocimientos, a interfaces, contenido y aplicaciones accesibles para todas y todas; debe también tener un diseño inclusivo, derecho al acceso igualitario para hombres y mujeres, acceso asequible y en el lugar de trabajo. También el derecho al acceso público y crear contenidos cultural y lingüísticamente diversos, acceso al conocimiento, a la libertad de información, al intercambio. Derecho a la privacidad, a la protección de datos y a no estar bajo vigilancia ni intercepción.

Y algo fundamental, internet debe estar protegida contra todo intento de silenciar las voces críticas y de censurar contenidos o debates sociales y políticos. Las organizaciones y comunidades de individuos deben tener libertad para usarla para organizar manifestaciones y participar en ellas.

La carta de APC establece que el desarrollo tecnológico y la administración central de recursos de internet debe estar descentralizada y ser colaborativa, además de ayudar a garantizar que la red sea interoperable, funcional, estable, segura, eficiente y extensible en el largo plazo y que debe prevalecer el derecho a la neutralidad de internet.

En estos días que el mundo recibió la infausta noticia proveniente del gobierno de los Estados Unidos, una nueva decisión de Donald Trump, de que ese país decidió poner fin a la neutralidad de internet, normativa que, según se ha considerado, beneficia a grandes empresas que podrán bloquear cualquier portal del la red, sin importar el contenido.

Todos esos derechos que estaban garantizados los perderemos al quedar anulado el principio que busca un trato igualitario para el contenido en internet. Cada día afrontamos nuevas violaciones a nuestros derechos.

Iliaalamilla@gmail.com