El intento de desestabilizar a Guatemala (si es que se puede aún más), está en el aire. Y aunque nadie sepa abiertamente los nombres detrás de esta desestabilización, todos identificamos sus mecanismos de terror. Ya suficiente crisis se vive en los tres poderes del Estado y suficiente es la descomposición social, como para imaginar que a esto pudiera sumarse algo más. Sin embargo, se ha sumado. Y aunque las maras constituyen, cada vez más, ejércitos instrumentalizados por y/o para el crimen organizado, no me atrevería a culparlos de todo lo que sucede en este-que-no-es país.

Una coyuntura no necesariamente dura una semana, un mes o un año, y tampoco se genera espontáneamente. Una coyuntura puede durar décadas, como le está sucediendo a Guatemala, y el que tengamos frente a nosotros ahora una profunda crisis de Estado, no es casualidad ni hecho aislado. Desde aquella Patria del criollo que Severo Martínez Peláez levantó sobre la teoría del señorío, se han venido sedimentando las condiciones que favorecen el estado actual de cosas. Pero son los últimos 60 años los que nos han herido más; en este periodo de tiempo hemos sangrado como nunca antes y también hemos desaprendido a ser humanos, a disentir, a hablarnos sin matarnos, y a cuidarnos.

Guatemala está hoy acéfala, y en el poder Ejecutivo hay una evidente ausencia de liderazgo político y estratégico. La presencia opaca de la Juntita nos remite a poderes secuestrados, y dos miembros de la familia presidencial están en la cárcel, lo cual pone a prueba la muy cuestionada independencia judicial. El sistema de justicia ha comenzado un proceso de “limpia”, pero en medio de todos estos pulsos, la Corte Suprema de Justicia ha sido prácticamente recapturada por los operadores de la corrupción y la impunidad (así como también el Colegio de Abogados). De hecho, aún no hemos dimensionado los alcances de la captura de Blanca Stalling; lo que pase con ella definirá mucho del futuro de la justicia guatemalteca. Sobre el adefesio legislativo que gobierna principalmente para dar respuesta a intereses sectoriales y no ciudadanos, solo cabe decir que es la evidencia más contundente de un sistema de partidos fracasado, decadente y obsoleto. Por cierto, estamos a la espera de los coletazos del caso Odebrecht, que afectará a una buena cantidad de diputados, pero a lo mejor nos genera oportunidades para limpiar de una vez por todas ese antro de mafias. Creo que los partidos políticos no son ya la única opción para hacer gobierno; los tiempos nos demandan otras formas de organización menos costosas y más éticas.

Pongámosle la guinda al pastel: hay una anomia evidente (estado de desorganización social como consecuencia de la falta o incongruencia de normas sociales); el crimen organizado es un factor de altísimo riesgo para el país; la crisis social es profunda según dicen casi todos los indicadores, y la crisis económica tiene a las microeconomías arrodilladas aunque presumamos de la estabilidad macroecónimca (nos gustan las mentiras bonitas). El capital tradicional y los capitales emergentes se pelean a Guatemala. Además, posiblemente estemos a las puertas de comenzar a dejar de recibir parte de las remesas que envían los migrantes en Estados Unidos (el rubro más importante del PIB), lo cual haría colapsar a Guatemala. Y eso sin nombrar el contexto internacional, que nos obliga a ver nuestra enorme vulnerabilidad en un mundo que se mueve con velocidad y entraña.

La crisis guatemalteca es una crisis de seguridad humana. Aquí el abandono es una práctica social. Por eso, y para no sentirnos derrotados ante una coyuntura así de larga y compleja, necesitamos sentido de proceso. Creer que 60 años no se remedian en dos. O nos volvemos locos en esta Guatemala que no da tregua ni un solo día.

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