Los procesos de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y cortes de apelaciones se convirtieron en una muy bien aceitada maquinaria para el tráfico de influencias y la cooptación del sistema de justicia.

El 23 de febrero de este año, el MP y la Cicig presentaron el caso Comisiones Paralelas, que develó una estrategia para intervenir y cooptar la elección de las máximas autoridades judiciales, en la que estarían involucrados abogados, legisladores y excomisionados de las postuladoras.

Por este caso guardan prisión el abogado Roberto López Villatoro —conocido como el Rey del Tenis—, su hermana y socia del bufete Lovi y Asociados, Clara Guadalupe López Villatoro, y Eddy Giovanni Orellana Donis, magistrado presidente de la sala segunda de la corte de apelaciones del ramo civil, quien integró la comisión de postulación para elegir magistrados de la CSJ para el actual período (2014-2019).

Según la investigación del MP y la Cicig, este último personaje habría recibido del Rey del Tenis, como retribución por sus buenos oficios, un apartamento en un edificio de la zona 14 de la capital, justamente durante la época en que se estaban desarrollando los procesos de postulación. Cabe mencionar que Orellana Donis al mismo tiempo que fue comisionado en la postuladora para la CSJ se presentó como candidato a una magistratura de apelaciones y ganó.

Este caso de Comisiones Paralelas se desarrolla en el juzgado D de Mayor Riesgo a cargo de la jueza Érika Aifán, quien además conoce otros procesos de alto impacto como Caja de Pandora, Construcción y Corrupción, Odebrecht, Gerardi y financiamiento electoral ilícito de FCN Nación.

Por ser una jueza independiente y honorable, que no se presta a las presiones y mucho menos a sobornos, a Érika Aifán la quieren quitar del medio. A eso responde la solicitud de antejuicio que Orellana Donis planteó en su contra por los delitos de abuso de autoridad, allanamientos ilegales y revelación de secretos; y la decisión tomada por el pleno de la CSJ de darle trámite (23/5/18).

En su escrito, Orellana Donis sostiene que el allanamiento a su residencia —es decir, al apartamento que habría recibido como regalo del Rey del Tenis— no debió ser autorizado por la jueza Aifán, porque su esposa, quien también es magistrada y copropietaria, goza de derecho de antejuicio. Aduce lo mismo respecto de la investigación de sus cuentas bancarias.

Se olvida que ya la CC estableció en una opinión consultiva respecto del derecho de antejuicio (21/12/10) que la Constitución garantiza esa prerrogativa para los jueces y magistrados, pero que “ello no determina la imposibilidad del Ministerio Público de ejercer su función de investigación”. Y parece ser que tampoco revisó la resolución de la CC en la que se deniegan los amparos presentados por los jueces Jisela Reinoso y Adrián Rodríguez, quienes alegaban que se había violado su derecho de antejuicio.

Y cito: “No vulnera el derecho de antejuicio de los amparistas —en su calidad de juzgadores— la decisión de un juez de acceder a la petición que el MP le formula para autorizar medidas de investigación y la tramitación del expediente respectivo, pues tales autorizaciones constituyen actuaciones preliminares para sustentar una posible denuncia…”

Érika Aifán es una jueza incómoda para las estructuras criminales y la maquinaria de la impunidad y, por el contrario, una jueza valiente e independiente para quienes defienden la justicia. El 27 de agosto vence el plazo para que la jueza pesquisidora recomiende si se le retira o no el derecho de antejuicio. ¿De qué lado estará la justicia?