La Corte Suprema de Justicia se ha sumado, de manera preocupante, a la bochornosa situación nacional en la que las más altas autoridades de los tres órganos de poder apuestan, sin rubor alguno, por el fortalecimiento del nefasto pacto de corruptos. Esta vez, con la elección de un nuevo personaje abiertamente anti-Cicig en las filas del sistema de justicia.

Ayer, ocho de los 11 magistrados titulares habilitados para votar, ante la ausencia de dos de sus integrantes, una por enfermedad y otra por librar una batalla contra la justicia, eligieron al exfiscal general Conrado Reyes como nuevo magistrado suplente de la CSJ ante la Corte de Constitucionalidad, para llenar la vacante dejada por Consuelo Porras, quien dejó el cargo al ser designada fiscal general por el presidente Jimmy Morales, hace dos meses.

La elección de Conrado Reyes, removido del cargo de fiscal general en 2010, solo es una mancha más al ya tan desprestigiado Organismo Judicial y por eso es que esta nueva acción debe ser vista como una abierta afrenta al sentimiento ciudadano que exige la depuración de las instituciones, pues se convierte en una maniobra para la promoción de personajes que solamente aportan más incertidumbre al sistema de justicia.

Los magistrados Josué Felipe Baquiax, Nery Medina, Ranulfo Rojas, Silvia Patricia Valdés Quezada, José Antonio Pineda Barales, Vitalina Orellana, Nester Vásquez Pimentel y Sergio Pineda dan claras muestras de buscar apuntalar el pacto de corruptos, al favorecer a un abogado en claro conflicto de intereses en la lucha contra la corrupción.

Solamente las magistradas María Eugenia Morales, Silvia Verónica García y Delia Dávila votaron en contra de esa decisión, como lo han hecho en los últimos eventos en los que el resto de magistrados se ha mostrado a favor de acciones que claramente avanzan contra el fortalecimiento del estado de Derecho y, en consecuencia, en una clara ruta de favorecer la impunidad.

En 2010, el entonces presidente, Álvaro Colom, designó a Reyes como fiscal general, pero luego de una acción planteada por el entonces jefe de la Cicig, Carlos Castresana, quien lo señaló de tener vínculos con el crimen organizado, la CC ordenó repetir la elección, al considerar que su designación no había sido producto del debido proceso.

Desde entonces, Reyes ha mostrado su abierta oposición a la Cicig y por ello han hecho muy mal los magistrados citados, porque su decisión es contraria a los esfuerzos por el fortalecimiento del sistema de justicia, al beneficiar a alguien que estaría en todo caso al servicio de quienes desde diferentes posiciones unen esfuerzos para detener la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Es obvio que los enormes avances contra la cooptación del Estado han logrado estremecer a las estructuras de poder y sobre todo a sectores como el OJ, que con esta nueva acción da una clara muestra de tener mayor interés en reforzar redes de impunidad y, peor aún, de actuar en consonancia con mercaderes de la política que tuvieron la potestad de fijar cuotas de poder en ese alto organismo, como lo hicieron los desaparecidos partidos Patriota y Líder cuando designaron a los actuales magistrados.