El 7 de diciembre de 1996, en Estocolmo se firmó uno de los acuerdos de paz más importantes, el  “Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral”. Subrayamos su importancia porque se refería a dos normas de especial relevancia dentro del Estado y con la adopción de lo sugerido se esperaba no  repetir los horrores del siglo 20.

En cuanto al Régimen Electoral, el Acuerdo tiene una característica especial porque es el único de todos los que se firmaron que elogia a una institución. El texto señala: “Considerando: Que las elecciones constituyen el instrumento esencial para la transición que vive Guatemala hacia una democracia funcional y participativa. Que para ello, Guatemala dispone, con el Tribunal Supremo Electoral, de una institución independiente y de reconocida imparcialidad y prestigio que constituye un factor fundamental para garantizar y fortalecer el régimen electoral”, y también dice: “Es necesario elevar la participación ciudadana en los procesos electorales y superar los fenómenos de abstención para afianzar la legitimidad del poder público y consolidar una democracia pluralista y representativa”.

Este acuerdo sugirió la creación de una comisión específica que estuviera integrada por delegados de partidos con representación parlamentaria, por un lado, y del TSE, por el otro, y además estableció siete ejes sobre los cuales debía este órgano proponer un proyecto de modificación sustantiva a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, siendo ellos, documentación (por eso tenemos el DPI), empadronamiento (de esto hay una deuda enorme pero han existido avances), votación (por eso buena parte de ciudadanos votamos cerca de nuestra residencia), trasparencia y publicidad (por eso hay control del financiamiento y se reguló el acceso a los medios de comunicación), campaña de información (acá también hay una gran deuda porque no existen campañas de educación cívica) y, por último, fortalecimiento institucional (buscar una institucionalidad electoral más sólida es un proceso gradual y complejo).

El TSE, en 1997, era presidido por don Félix Castillo Milla, y además lo integraban Gabriel Medrano Valenzuela, Mario Roberto Guerra Roldán, César Augusto Conde Rada y Osmundo Villatoro Díaz. Los magistrados suplentes eran Mario Montano Paz, Arturo Morales Cardona, Carlos Roberto Sánchez Lazo y Gil Arturo González Solís. Menciono estos nombres porque sobre esos hombros recayó preparar a la autoridad electoral para el siglo 21 y nuestra coyuntura es propicia para resaltar este esfuerzo.

En el 2018, el TSE encara nuevos retos: el dinero del narcotráfico está metido hasta el tuétano en partidos y campañas; el dinero lícito pero de forma oscura e ilegal se introduce en la política con el objeto de defender intereses sectarios que quita y pone presidentes, diputados y alcaldes. Los partidos no tienen autonomía financiera y caen ante grandes financistas, sin perjuicio de que el acceso a los medios de comunicación debe ser regulado, sobre todo cuando la televisión abierta tiene un solo dueño. Nuestra democracia electoral está en una severa crisis y lo peor del tema es que los actores políticos están abstraídos de su responsabilidad histórica y conducen al país para atrás.

En 2018 el ejemplo de Félix Castillo Milla, quien falleció la semana pasada, a sus 92 años, nos debe servir para ilustrar que ninguna institución tiene futuro si no se integra con demócratas honrados y comprometidos con los principios republicanos de gobierno. El TSE enfrentó de 1996 a 2002 retos mayúsculos, al tener que fortalecer su capacidad para que todas las ideologías pudieran competir por el poder, y en un país donde la represión es aplaudida por buena parte de la “élite” la tarea no era fácil y lo lograron. Ahora nos toca exigir ir para adelante.

@Alex_balsells