Después de haber atravesado por los racionamientos de energía eléctrica y  haber esperado  casi cuatro años para conseguir una línea telefónica,   lamenté escuchar al entonces candidato a la Presidencia, Álvaro Arzú, ofrecer públicamente que no promovería las privatizaciones. Yo no tenía la menor duda de que la solución era privatizar esos servicios —al igual que otros más—, pues, junto con otros colegas, bajo el liderazgo del Dr. Manuel Ayau, habíamos participado por unos tres o cuatro años de varios seminarios y conferencias sobre “el por qué, el para qué y el cómo” de las privatizaciones.

Pero el candidato Arzú tenía que considerar este asunto desde la perspectiva de la contienda electoral y, creo yo, no se equivocaba al pensar que, de ofrecer impulsar las privatizaciones, nunca llegaría al poder. También opino que él creía que era posible gestionar eficientemente Guatel, la EEGSA y el Inde. En esto se equivocaba. Tanto en la Gran Bretaña de antes de Lady Thatcher como en la Guatemala de antes de Arzú la gestión estatal había demostrado ser catastrófica.

Las razones siguen siendo las mismas que inciden en que los puertos, Correos, los aeropuertos, los servicios de salud, las pensiones, el transporte ferroviario, etcétera, funcionen mal, a saber: la falta de alineación con la eficiencia económica de los incentivos bajo los cuales operan los funcionarios encargados de gestionar todos esos servicios.

Pues cuando Álvaro Arzú ganó las elecciones y llegó al poder pasó algo extraordinario. Algo que, en mi opinión, requiere de una gran entereza y de un carácter muy recio y muy recto. Ante la evidencia que se le presentó, cambió de opinión, aceptó el coste político e hizo lo que estimó correcto.

Cuando el ingeniero Alfredo Guzmán me compartió el modelo que el presidente Arzú había aprobado para la privatización de las telecomunicaciones, sentí una gran satisfacción y me llené de entusiasmo. Era el modelo acertado. Por un lado, el marco legislativo para el nuevo régimen estaba basado en derechos bien definidos —los “títulos de usufructo de las frecuencias”—, libremente negociables y a bajos costes de transacción. Por el otro lado, no se concedería ni un día de monopolio para quien comprara en subasta internacional abierta las acciones de la entidad que se ofrecería (Telgua). En cambio, en casi toda Latinoamérica se habían concedido de cuatro a siete años de monopolio para maximizar los ingresos fiscales del gobierno privatizador —a costa de los consumidores—.

Para la conducción del proceso exigió las más altas garantías de profesionalidad, eficiencia y probidad. Así, conformó un equipo comprometido con el proyecto, dirigido por el Ing. Guzmán, bajo la supervisión del entonces ministro de Comunicaciones, Ing. Fritz García-Gallont. Se contrataron los servicios de JP Morgan, como banco de inversión de primera línea, de Shaw Pittman, como asesores legales internacionales, y de Arthur Andersen, entonces una de las principales firmas de auditoría en el mundo. A su lado, concurrimos un pequeño “ejército” de abogados, financistas, contadores públicos y auditores, ingenieros y consultores en diversas disciplinas, todos de amplia trayectoria profesional y credenciales conocidas.

La “ley marco” —una reforma sustancial de la Ley de Contrataciones del Estado— y el proceso mismo fueron objeto de múltiples impugnaciones legales, incluso antes de que se llegara a la primera subasta. Sin embargo, tanto su constitucionalidad como su legalidad se mantuvieron. Muchos han atacado, criticado y cuestionado el proceso, pero nunca –ni cuando el gobierno de Portillo lo intentó desde el poder— se ha demostrado una ilegalidad. Lo cierto es que las telecomunicaciones desde aquel entonces, gracias al acierto de Arzú, han sido de las mejores de la región iberoamericana. Se lo debemos.