El doloroso y lamentable suicidio del doctor Jesús Oliva Leal, en el interior del Mariscal Zavala, es un hecho trágico derivado de la malicia y de la ignorancia de los integrantes del sistema jurídico nacional. Tanto el MP como la Cicig, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía contra la Impunidad (Feci) y las judicaturas vinculadas están obligados por un sentimiento de humanidad ausente hasta ahora a siquiera pedir disculpas públicas a la familia de la víctima, porque si bien no son culpables del hecho, sí comparten la responsabilidad. Por ejemplo, algunos de los fiscales relacionados con algunos de esos casos sensibles o en potencial riesgo deberían hacerlo.  La pregunta por responder es simple: ¿quién es el responsable de crear las condiciones para esa desesperada decisión de quitarse la vida?

El suicidio es una acción contraria al sentimiento innato de defensa de la vida propia. Puede tener varios motivos, como drogas o sacrificios rituales religiosos, pero no es este el caso. Fue tomada como producto de la desesperación, de la frustración, de la rendición ante un sistema legal del cual se sintió, con razón, víctima. Así como el Volcán de Fuego dio señales, pero no las atendieron quienes debían, sus síntomas previos surgieron, pero juzgadores sin la más mínima cultura psicológica, esa propia de cualquier persona, decidieron enviarlo a un verdadero infierno, el hospital Federico Mora, donde él, como médico, tenía aún más claro a dónde lo habían mandado. Simplemente, no lo soportó más. Y ahora toda la sociedad guatemalteca consciente está avergonzada.

La prisión preventiva en Guatemala es una de las peores lacras nacionales. Hay casos confirmados de personas con 15 años de tenerla. Hay 114 casos denunciados por la Procuraduría de los Derechos Humanos, cuya falta de una denuncia pública es también prueba de inoperancia y descuido. Según cálculos de conocedores, casi un tercio de quienes están encarcelados la tienen y eso tiene implicaciones serias para un sistema carcelario tan deficiente como el nuestro. A partir del 2015 hay numerosos detenidos en situación parecida. Todo esto demuestra la urgencia de poner límite real a esa modalidad de privación de libertad y se deben buscar soluciones, sobre todo en casos de responsabilidad de un delito y no de culpabilidad.

La familia y el defensor del doctor Oliva Leal solicitaron una medida sustitutiva, alarmados por haber visto en él síntomas evidentes de depresión. Pero los encargados de llevar el caso decidieron no atender la petición, y —peor aun— enviarlo al hospital Federico Mora. Es inadmisible esa actitud, una de las causas de haber convertido a su esposa en viuda y a sus hijos en huérfanos. Lo peor, a mi juicio, cuando se trata de una víctima del sistema, pues solo estaba acusada por haber firmado un documento y no por participar directamente en corrupción. Es parecido al caso de Max Quirín, también encarcelado por el mismo asunto relacionado con el IGSS. Sin duda hay numerosas personas en situación parecida por haber participado de manera indirecta en casos similares.

Envío mis muestras de solidaridad a la viuda, señora María Mercedes Martínez de Oliva, sus hijos y el resto de la familia. El largo currículum de su esposo, padre y familiar lo retrata como un hombre dedicado al servicio a la comunidad. Sucumbió a causa de la adversidad más negra, y al derrumbe de su espíritu ante una realidad terrible. Ojalá su muerte sirva para despertar en los guatemaltecos su obligación de exigir mejores tratos para quienes caen en problemas con la ley. Son razonables y valiosos los comentarios circulados a través de las redes sociales para demostrar una indignación a la cual me uno. Se cumplió de nuevo el viejo aforismo legal “justicia tardada no es justicia”. Queda ahora despertar el interés de las facultades de Derecho para enviar a sus estudiantes a arreglar estas injusticias.