La legislatura actual ha conseguido alcanzar, en menos de la mitad de su duración, el nivel de desgaste que otras tuvieron hasta el tercer o cuarto año, gracias a viejas prácticas nefastas como transfuguismo, venta de votos al mejor postor, negociaciones supeditadas al interés del Organismo Ejecutivo, retraso en aprobar leyes importantes para la transparencia y, como epítome, el pacto de corruptos de septiembre último.

El año pasado terminó con una escisión de bancadas a causa de la evidente injerencia del Ejecutivo en las negociaciones para aprobar el Presupuesto y la elección de junta directiva. El primero terminó en un desastre político, a causa del empecinamiento oficialista de quedarse con el abultado gasto desfinanciado y a la vez con el control de la máxima representación popular. Esto era muestra de inmadurez política, afán absolutista y falta de visión de Estado, entre otros motivos a causa de la multiplicidad de intereses personales de los muchos de los diputados tránsfugas.

Lejos de encontrar el entendimiento para establecer consensos para una agenda de Estado, los diputados arrancan el año con la misma búsqueda de protagonismos, canje de favores y negociaciones atomizadas a causa de la falta de coherencia de las organizaciones políticas y la ausencia de auténticos liderazgos que puedan enderezar la ruta del más desprestigiado poder del Estado como consecuencia de sus acciones.

En un muy claro llamado a la población guatemalteca para ejercer su derecho a exigir una agenda centrada en el bien de la Nación, el embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, caracterizado hasta ahora por su espíritu de apertura y prudencia, ha hecho una respetuosa exhortativa a los diputados para que tengan un criterio definido al integrar la directiva legislativa de este año, que respalde y sea consecuente con la lucha anticorrupción.

En un breve pero elocuente comunicado, Arreaga deja claro que la potencia del norte ve al Congreso de Guatemala como un aliado necesario en el combate de la corrupción, por lo cual se necesita una directiva comprometida con tal meta, pues hacer lo contrario pone en peligro la cooperación de ese país.

No obstante, es la ciudadanía la que está obligada a fiscalizar la actuación de sus representantes, a demandar no solo que actúen con transparencia, sino hagan públicos cualquier ofrecimiento indecoroso, chantaje oculto y botines de recursos públicos que sin duda han de formar parte de las negociaciones para apoyar a planillas afines al oficialismo, que ya ha dado suficientes muestras no solo de inmadurez democrática, sino de inconsistencia entre discurso y acciones.

No faltarán las voces que clamen una presunta injerencia en los asuntos nacionales ni aquellas que comiencen a comparar la gestión del diplomático, nacido en Guatemala, con la de su antecesor; pero los autores de tales alegatos no pueden o no quieren caer en la cuenta de que la única agenda viable es aquella que comenzó a abrirse en abril de 2015, cuando los guatemaltecos comenzaron a hacerse escuchar, y no para distracción o mofa de políticos irredentos, sino para advertirles que una nueva etapa en la historia nacional había comenzado y nada, en realidad, debe ni puede detenerla.