La arbitrariedad caracteriza a un Estado policiaco. El 13 de septiembre, bajo pedido del embajador de Israel, se allanaron siete viviendas de una comunidad judía. Las explicaciones las ofreció la Fiscal General, como si fuera su iniciativa. Con uso desproporcionado de la fuerza, se fracturaron puertas, atemorizaron niños y no hubo ningún resultado. En las afueras de los inmuebles se agrupaban periodistas, curiosos y enchaquetados de la PDH, lo que daba una imagen de pogromo.

El poema del pastor Martín Niemöller, atribuido a Bertolt Brecht, resuena en nuestras mentes. “Primero vinieron por los comunistas, no dije nada, porque no era comunista/ cuando encarcelaron a los socialdemócratas guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata/ cuando vinieron a buscar a los sindicalistas no protesté, porque no era sindicalista/ cuando vinieron por los judíos no pronuncié palabra, porque no era judío/ cuando finalmente vinieron por mí, no había nadie más que pudiera protestar”.

El gobierno de Israel se encuentra copado por grupos derechistas. La intolerancia es una de sus notas características. El cruel asesinato de Yitzhak Rabin, por un extremista de esos grupos, demuestra la inquina entre los fundamentalistas. Se trata de una disputa que tiene lugar allá y se espera no alcance nuestro territorio.

En el país se apoya a los fundadores del Estado de Israel, en su mayoría ligados al movimiento socialista. Igualmente se espera que los pueblos israelita y palestino puedan convivir en paz, en el futuro. De la misma manera, el antisemitismo es mal visto y la islamofobia no tiene cabida. Enfrente del monumento al Estado israelí se encuentra una mezquita, sin que haya ofensas de ningún tipo a ambas manifestaciones.

No obstante, el embajador israelita solicitó la cooperación de las autoridades locales bajo diversas acusaciones contra la comunidad religiosa Toiras Jesed. El Ministerio Público, en lugar de proceder de manera cauta, organizó una razia. Si se trataba de establecer maltrato infantil, bastaba con citar a las familias ante la autoridad migratoria para que un médico constatara el estado de salud. Si la acusación se refería a una menor retenida en el país, se debe indicar claramente con uso de los procedimientos Alba Keneth de quién se trata. Aparentemente no es el caso, porque en los allanamientos no se ubicó tal persona.

La sospecha de que corrió dinero bajo la mesa para que el “consejo de ancianos” expulsara a 70 familias de San Juan La Laguna en 2014 cobra verosimilitud. ¿De dónde tanta preocupación por la vestidura de un grupo que no se metía con nadie?

Cercano a la reforma liberal del siglo pasado, se prohibió a los religiosos católicos vestir sus hábitos y sotanas en público. Hoy se ha relajado esta prohibición y algunas congregaciones religiosas han modernizado sus hábitos. La laicidad como estilo de vida se acepta por todos. Así que uno u otro ande por la calle con turbantes, burkas, tocas y ricitos no se estima como afrenta ni constituye un reto al carácter civil del Estado.

Por muy estrafalario que sea un estilo de vida, no existe derecho para interferir mientras se mantenga el orden público y el respeto a los derechos humanos. Toda acusación que procese el Ministerio Público debe estar individualizada, no es posible proceder al allanamiento generalizado de un colectivo humano. Se rebaja la dignidad de la Policía Nacional Civil al usarla como esbirros que apuntan sus armas a mujeres y niños, es una afrenta a toda la ciudadanía que confía en los uniformados. La libertad de religión es un derecho.

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