Se abre una nueva puerta en la lucha contra la corrupción y posiblemente mucho más disuasiva para quienes buscan contrarrestar esos esfuerzos, algunos osados, en su afán por inclinar la balanza en su favor, por lo que han incurrido en varias acciones riesgosas, como pagar campañas de cabildeo para influir en la política exterior de Estados Unidos respecto de países como los del Triángulo Norte.

Antenoche, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó por unanimidad una enmienda en la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que obliga al secretario de Defensa a proporcionar los nombres de funcionarios de Honduras, El Salvador y Guatemala involucrados en casos de corrupción o de quienes financien campañas de cabildeo para debilitar la labor de fiscales y jueces probos. Dicha iniciativa pasará al Senado, como paso previo para adquirir el carácter de ley.

El apoyo unánime a la propuesta planteada por la congresista de origen guatemalteco Norma Torres representa un enorme paso en la nueva dimensión en la que se encuentran los esfuerzos para desbaratar a las mafias de la región. Tanto Guatemala como Honduras han dado muy malas señales, promulgando leyes o utilizando el poder para arremeter contra quienes lideran esa batalla o contra los medios de comunicación independientes que respaldan una cruzada por la depuración de importantes órganos de poder.

La iniciativa también es relevante porque por primera vez se pone sobre el tapete el tema del cabildeo en favor de políticos guatemaltecos y tanto de quienes pagan como de quienes cobran por esos estériles servicios, que deberán explicar una labor que va en contra de los esfuerzos por depurar los sistemas políticos centroamericanos, porque también socava la política exterior de Washington en materia del combate de estructuras criminales de esa zona del Istmo.

Los congresistas y senadores estadounidenses deben saber que incluso los representantes diplomáticos de ese país han sido acosados, denunciados y hostigados, por el hecho de cumplir con una política de seguridad y de desarrollo en materia de justicia diseñada desde hace años por el Departamento de Estado, ante la ineficiencia y complicidad de los más altos representantes de los tres poderes estatales de las naciones del Triángulo Norte.

Las mafias centroamericanas incluso han tocado la puerta de empresarios y políticos estadounidenses, quienes podrían haber sido sorprendidos al recibir información incompleta o tergiversada, con el agravante de que es muy probable que esa información haya sido proveída por agentes gubernamentales e incluso por personajes que habrían participado en ilícitos muy delicados, como es el otorgamiento fraudulento de identidades.

Esta iniciativa permitirá identificar, por ley, a quienes promulgan normativas en favor de la delincuencia de cuello blanco y desde donde salen también iniciativas de hostigamiento contra quienes respaldan la lucha contra la corrupción, así como quienes practican una suerte de sicariato en redes sociales para desprestigiar a los críticos del abuso de poder y del latrocinio gubernamental.