Los corruptos están asustados. Saben bien que las investigaciones contra las redes criminales —que tienen capturado al Estado guatemalteco— han permitido no solamente identificar a quienes las conforman sino el modus operandi que les ha garantizado el control del país durante los últimos 50 años.

Su poder se basa en el dominio del sistema político y económico y su estrategia ha sido la captura y cooptación del Estado, que les ha facilitado no solamente enriquecerse a través de un bien montado esquema de corrupción (incluyendo el financiamiento electoral y los partidos-mafia) sino tejer al interno del sistema de justicia una red de influencias para procurarse impunidad. Por eso se les denomina Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI).

Las investigaciones del MP y la Cicig han permitido develar sus métodos y sus integrantes. En la medida que salen a la luz cómo funcionan y se conforman estas macro estructuras criminales crece el número de personas y sectores que se ven involucrados y, como consecuencia, se fortalece y consolida el bloque pro-impunidad que en este momento está integrado por políticos, funcionarios, ex funcionarios, militares, ex militares, banqueros y empresarios corruptos, evasores de impuestos, narcos y diputados que ya afrontan un proceso penal o que están seguros que pronto les llegará su turno.

En síntesis, están los capturados, los prófugos y los asustados. La mayoría de ellos (y ellas) nunca pensaron que la justicia les alcanzaría y por eso dejaron cualquier cantidad de evidencias sobre los manejos sucios en el ejercicio del poder. Ahí tienen ustedes los casos sobre plazas fantasma, financiamiento electoral ilícito y pago de coimas y sobornos para la adjudicación de obras del Estado, sustentados en cientos de documentos (físicos y electrónicos) que comprueban cada uno de los señalamientos de corrupción.

En el último tiempo el pelotón pro-impunidad ha perdido las formas. En el discurso y en los hechos ha quedado claro que están dispuestos a utilizar cualquier vía con tal de frenar las investigaciones y los procesos penales en los que están involucrados. En menos de una semana, el comandante en jefe Arzú llamó a utilizar la violencia contra los medios y periodistas independientes; en el congreso —así con minúsculas— el pacto de corruptos ratificó a su directiva; y la canciller Jovel —con menos tino que un elefante en una cristalería— ratificó al Secretario General de la ONU la exigencia del gobierno de despedir a Iván Velásquez de la Cicig, y aunque su periplo además de vergonzoso resultó infructuoso, por ese “servicio a la patria” fue condecorada por el ejército.

Los objetivos están clarísimos: deshacerse de la Cicig y del comisionado Velásquez y retomar el control del Ministerio Público. Para lograr lo primero, varias fuentes confirman que Jimmy Morales tiene ya sobre su escritorio el documento para denunciar el acuerdo de Cicig que luego sería avalado en el congreso por el pacto de corruptos.

Para alcanzar lo segundo, ya está en marcha la estrategia para cooptar el proceso de elección del próximo jefe/a del MP. El primer paso es que la comisión de postulación elabore un listado de 6 candidatos afines al bloque pro-impunidad para que Jimmy Morales no tenga problemas en designar a cualquiera de la lista. No quieren candidatos probos, ni “grises” que luego puedan cambiarse de bando, buscan nombrar un Fiscal General (FG) que les garantice que todos sus miedos desaparecerán y podrán volver a dormir tranquilos. La pregunta es si estamos dispuestos a permitírselos.

@MarielosMonzon