Uno de los legisladores más estultos de la actual legislatura, aunque este sea un mérito muy disputado, vuelve a la carga con otro intento por amordazar a los medios de comunicación con una nueva propuesta de ley, que según él será más dura que su abortado intento de hace apenas unas semanas, cuando fue duramente criticado por su improcedente iniciativa.

El diputado-kaibil Estuardo Galdámez volvió a esbozar ante los periodistas una propuesta de ley basada en castigar el “pánico social” con severidad contra enmascarados y anónimos que desde las redes sociales critican a los políticos, lo cual es un contrasentido porque esa ha sido la principal fuente de ataques contra la prensa independiente y de respaldo a los esfuerzos por desbaratar la lucha contra la corrupción, instigada por el oficialismo.

El mayor problema es que el diputado se resiste a entender que su propuesta no tiene la menor posibilidad de prosperar, porque representa implicaciones muy serias en materia constitucional y hay que estar muy obcecado o pésimamente asesorado para insistir en una normativa que pretende ir contra la libre emisión del pensamiento, no solo protegida por la misma Constitución, sino por una ley específica que salvaguarda ese derecho para todos los guatemaltecos.

Galdámez forma parte de un grupo de diputados impresentables que han erosionado decisivamente la imagen del actual Congreso, y eso no es responsabilidad de los medios de comunicación, que apenas pueden atisbar en los alevosos manejos legislativos ante la promulgación de leyes de beneficio para criminales, y ese tipo de denuncias son las que molestan a quienes han integrado el Pacto de Corruptos, que pretende hacer de la impunidad una práctica generalizada.

Lo primero que deberían entender diputados como Galdámez y quienes lo impulsan a presentar propuestas descabelladas es que la libre emisión del pensamiento es un derecho fundamental garantizado no solo por la legislación, sino por tratados internacionales de los cuales Guatemala es signatario y, en consecuencia, ese tipo de iniciativas solo abonan en el desprestigio de los legisladores y de todo el oficialismo, que también desde el Ejecutivo se ha posicionado como intolerante ante la prensa independiente.

Cuando se menoscaban derechos fundamentales para el ser humano, como la libertad de opinar de manera diferente, perdemos todos. Pierde la democracia, porque se limita la garantía de expresarse libremente. Y pierde también la sociedad, porque empiezan a escucharse versiones enlatadas del acontecer nacional.

Cuando no existe una plena libertad de expresión pierden hasta los mismos funcionarios, porque no pueden expresar plenamente sus convicciones y se ven incluso cohibidos u obligados a defender proyectos clientelares, politizados y distorsionados, marcados por la politiquería y muy alejados de lo que realmente necesita toda sociedad para prosperar en libertad.

Desde el Congreso de la República se siguen incubando esfuerzos por aplicar una ley mordaza, bajo la obtusa creencia de que no se debe criticar a los políticos y lo más preocupante es que la propuesta proviene de diputados impresentables, oportunistas y reconocidos tránsfugas, quienes pretenden hacer retroceder al país a oscuros momentos de nuestro reciente pasado, cuando ejercer el periodismo era un auténtico desafío.