Los efectos del desastre, no el producido por la reciente erupción del Volcán de Fuego ni por los frecuentes embates de la naturaleza, sino el acumulado por décadas de extralimitaciones y abusos a la sombra del poder, en los tres máximos órganos del Estado, sobre todo por la gavilla que se ha apoderado del Legislativo, ha causado irreparables perjuicios.

La ineficiencia con la que el Gobierno encaró el desastre volcánico es la muestra más palpable de los niveles de atrofia a los que se puede llegar cuando se suma demasiada inexperiencia y oportunismo, lo cual empeora cuando se patentiza la precariedad de los más altos cuadros de mando en las instituciones.

Lamentablemente, en esos infames afanes, el Gobierno no está solo e incluso lo ha superado en tropelías el Congreso, cuyos integrantes se obstinan en querer llevar adelante una legislación contra natura, pues muchas iniciativas pretenden maniatar a la justicia y facilitarles a diputados, a financistas de candidatos y a los políticos un encuentro simbólico con la justicia.

Solo la modificación del artículo del Código Penal relativo al castigo a los secretarios generales de los partidos políticos mantiene ocupados a los diputados, en un esfuerzo estéril que les hace creer que pueden legislar a su favor, lo cual es un contrasentido mayúsculo que convertirá en un fracaso cualquier enmienda que beneficie a quienes optaron por ocultar el financiamiento en cuentas particulares.

Es tan absurdo el planteamiento que avanza con dificultades en el Congreso la reforma de dicho artículo, y ya se han presentado acciones contra los impulsores de esa ley, porque en su ilusa pretensión creen que pueden legislar en su beneficio, cuando hay demasiados diputados con un claro conflicto de intereses y que al buscar favorecer la impunidad solo complicarán la promulgación de normativas de esa naturaleza.

Esta se suma a otra iniciativa que obtuvo dictamen favorable la semana anterior y que pretendía amnistiar a militares involucrados en crímenes de lesa humanidad, algunos de los cuales incluso acaban de ser condenados por desaparición forzada. Pero, además, existe una legislación nacional adaptada a convenios internacionales que hacen irreformable cualquier ley relativa a los delitos contra la humanidad.

Por si no fuera suficiente, en el Organismo Judicial también hay un grupo de oscuros funcionarios y magistrados serviles que se ha dado a la tarea de hostigar a jueces independientes, con lo que acrecientan la percepción del mal momento por el cual atraviesa el sistema de justicia y las deplorables condiciones en las que se encuentra este importante poder del Estado, cuyos integrantes persisten en mantener una ciega y peligrosa obediencia a quienes los favorecieron con un voto que los ha esclavizado.

El Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial presentan un panorama desolador, en el cual los millonarios recursos que aportan los contribuyentes apenas sirven para mantener a flote una burocracia infame, incapaz de asumir con un mínimo de ética su rol, y el incumplimiento de deberes y la corrupción provocan daños mayores a los ocasionados por muchos desastres naturales juntos.